Otra vuelta de tuerca. Esta es combinada. Una parece una propuesta. La otra parece un reclamo gremial. El vecino, y sus derechos, bien gracias. Porque el discurso parece que se preocupa por el, pero en realidad se sigue ocupando de garantizar las ganancias empresarias. ¿De que se habla?. El mal servicio, parece fundar que quienes critican esta realidad desde el oficialismo, están comprometidos con los derechos del vecino. Nada más lejano. Se enarbola para el aprete a quienes rechazan el aumento, una supuesta falta de responsabilidad en cuanto a la seguridad jurídica. ¿Cómo se protege la seguridad jurídica del vecino?. ¿No estuvo y está quebrada la seguridad jurídica del ciudadano, cuando “eruditos en transporte público de colectivos”, diagramaron durante UN AÑO los nuevos recorridos?. ¿Dónde queda la seguridad jurídica del vecino en coches cargados hasta el techo si llegan a tener un accidente? Todos sabemos lo que pasa luego con los supuestos seguros. El intendente dice y propone que el subsidio no sea al usuario sino a la empresa. ¿Qué es esto?. ¿Esta es la seriedad y la responsabilidad?. ¿Y la valentía en la decisión política que suele hacer flamear?. Debería hacerlo por decreto si está tan profundamente convencido junto a los concejales oficialistas que tiene razón.
Hay que decir en primer lugar al vecino que el argumento del subsidio en si mismo es un engaña pichanga. No importa donde se lo ubique. Porque el subsidio sale de los mismo bolsillos del vecino, o sea de los impuestos y tasas que paga. Es decir estimado vecino, que el boleto le va a costar lo que quieren lo empresarios, la minoría del Concejo Deliberante que pretendía el mismo, y el ejecutivo municipal, $ 1.80. Nunca le salió ni le saldrá más barato.
Pero además, si fuera cierto, ¿alguien puede creer que se lo quitarán si no cumple con un buen servicio?. ¿Se acuerdan de las multas por la mala recolección de residuos?. ¿Como se validarán las denuncias en tal sentido?. ¿Cómo y quien va a controlar junto al vecino que lo denunciado es cierto?. En definitiva, ¿Dónde quedará en este tema la hoy no discutida e inexistente seguridad jurídica del ciudadano?. La movida gremial, ¿es ajena al intento de que se concrete el aumento?. Creemos que no. Primero críticas despiadadas y antidemocráticas, al no validarse en el Concejo a concejales que no acompañaron al oficialismo. Luego “paros preventivos” que vuelquen la presión social a los legisladores locales.
Finalmente supuestos enojos por titulares periodísticos. Estrategias de diverso orden para el disimulo. ¿Alguien tiene en su memoria a esos mismos dirigentes gremiales, haciendo paros o “paros preventivos” exclusiva y únicamente por las incomodidades y los abusos de empresarios locales durante años y años?. Nunca. O ahora va a resultar como ya dicen algunos de los actores, que incluso votaron contra el aumento, que los empresarios locales eran mejor que esto. Cuando la cuestión es la renta empresaria nada los diferencia. ¿En que consulta seria y científicamente comprobada, se funda algún periodista por allí para decir que si el servicio es bueno el vecino acepta el aumento?. ¿O acaso algunos parecen que no son y son en esta operatoria?. Nada esta dicho definitivamente. Veremos la coherencia y la ética donde queda, cuando lo resuelvan quienes deben hacerlo en el marco institucional y democráticamente, pensando prioritariamente en el vecino de a pie.
Bien vale recordar entonces, que en una sociedad justa los derechos concedidos por la justicia no están sometidos al cálculo del interés social, ni a la negociación política.
Eduardo Hidalgo, Secretario General , Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca
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