Hay nubarrones sobre el avance de los juicios a ex militares acusados de delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca. Luego de la solicitud de elevación a instancia oral de la primera tanda de casos de la denominada Causa Ejército el mes pasado, dos hechos surgidos en las últimas semanas podrían constituirse en obstáculos, si bien exógenos, a tal fin. Uno fue el anuncio del fiscal general Hugo Omar Cañón de su retiro de la justicia a partir de mayo y su pase a la política dentro de las filas del intendente de Morón Martín Sabatella. Cañón es quien más conoce los expedientes judiciales vinculados con las desapariciones, secuestros y torturas en el ámbito del Quinto Cuerpo de Ejército y de la Armada entre 1976 y 1983. Y si bien deja formado un equipo de colaboradores que trabajó a la par de él en la instrucción, su ausencia, sin dudas, resentirá tanto la estrategia acusadora como la velocidad de respuesta a los recursos que intenten ralentizar las actuaciones. El otro factor que podría afectar la marcha de aquellas causas surgió en Neuquén.
Allí, en una polémica decisión, la jueza federal Margarita Gudiño de Arguelles se declaró incompetente para investigar las denuncias de 22 detenidos desaparecidos que fueron capturados en aquella provincia y trasladados al campo clandestino de detención “La Escuelita” que funcionó en el interior del Quinto Cuerpo de Ejército. La fiscalía del juzgado neuquino y la querella del Ceprodh (Centro Profesional por los Derechos Humanos) apelaron la medida y ahora la Cámara Federal de General Roca debe decidir qué juzgado seguirá investigando esos casos, si el de Gudiño de Arguelles ó el de Alcindo Alvarez Canale en Bahía Blanca. Se trata de las denuncias de Nora Rivero, Cecilia Vecchi, Eduardo Paris, Jorge Asenjo, Guillermo Buamscha, Héctor González, Alicia Villaverde, Darío Altomaro, Elida Sifuentes, Eva Garrido, Gladys Sepúlveda, Argentina Seguel, Dora Seguel, Arlene Seguel, Susana Mujica, Alicia Pifarré, Carlos Chávez, Raúl Metz, Carlos Schedan, Mirta Tronelli, César Giliberto y Graciela Romero de Metz. Algunos de ellos fueron liberados, otros encarcelados a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y algunos aún permanecen desaparecidos, como Graciela Romero de Metz quien habría dado a luz en La Escuelita. Además de considerar que las órdenes sobre el destino de esas personas fueron dictadas en el Quinto Cuerpo, la decisión de la jueza está en línea con la pretensión de la Unidad de Fiscales de la Procuración de la Nación de agrupar los casos por centro clandestino de detención donde ocurrieron los hechos. Sin embargo esta decisión causó un fuerte rechazo entre las organizaciones de los derechos humanos de Neuquén. Una de ellas, que no deja bien parada a la justicia federal de Bahía Blanca en esta materia, puede leerse AQUÍ.
Link para el final: http://colectivoepprosario.blogspot.com/2009/04/otra-oscura-decision-de-la-justicia.html
Link para Ceprodh: http://www.ceprodh.org.ar
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