El incremento en el número de delitos denunciados en Bahía Blanca durante el 2008 fue del 31,7 %, con relación al año anterior. La cifra es la más alta de los 18 departamentos judiciales de la provincia.
El plan para combatir la inseguridad que acaba de anunciar la Presidenta de la Nación, tiene a simple vista un par de contradicciones que no podemos dejar de observar. Si los medios (dueños) y empleados (periodistas) somos los responsables de la “sensación” de inseguridad que percibe la gente, la inferencia indica que la inseguridad no es tal. Y si esto último es cierto, ¿por qué el gobierno nacional gastaría $ 400 millones en un plan para combatir algo que inventó “la contra periodística”? Para luchar contra lo que la Presidenta cree exagerado por los medios de comunicación, se destinarán a 1.500 gendarmes y se comprarán 500 patrulleros, 21.500 celulares y 5.000 cámaras de video que serán colocadas en puntos clave del conurbano y nuestra ciudad.
Durante su última visita a Bahía Blanca, el gobernador Daniel Scioli fue consultado por los periodistas bahienses acerca de los resultados obtenidos en la lucha contra la delincuencia. Lo escuchamos decir que el problema de la inseguridad había disminuido bastante. Dijo que hablaba “con los números en la mano” y no se puso colorado cuando dijo que “la estadística le daba la razón” al sostener que ahora hay menos delitos ahora que antes. Pero resulta que los datos oficiales dicen otra cosa: en la Procuración de la Corte bonaerense el año pasado hubo 15,4 % más de delitos denunciados que el año anterior.
El análisis, realizado por los departamentos de Estadísticas y Control de Gestión, destaca que las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) -etapa de recolección de pruebas para que la causa pueda ser elevada a juicio oral- pasaron de 559.385 en 2007 a 645.358 en 2008, lo que representa el citado 15,4 % de aumento.
Por otra parte el intendente Cristian Breitenstein dijo este mes que en Bahía Blanca los índices delictivos bajaron, pero resulta que el incremento en el número de delitos denunciados en el 2008 con relación al 2007 fue del 31,7 %, el más alto de los 18 departamentos judiciales bonaerenses.
Los números surgen de las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) registradas en los Departamentos Judiciales de la Provincia durante todo el año pasado, de lo que se deduce que hubo un incremento de la tasa delictiva que osciló entre el 7 y el 31 por ciento de acuerdo al distrito. De allí surge que el Departamento Judicial donde más creció el delito es Bahía Blanca, que registró una suba del 31,7 por ciento con respecto a 2007: 22.735 casos contra 17.253. A nuestra ciudad le siguen Lomas de Zamora (20,4%), de Mercedes (21%) y de San Martín (20,8%).
En ese marco, la cantidad de delitos denunciados e investigados en la departamental La Plata creció el 13,35%, mientras que los índices más moderados de aumento correspondieron a San Nicolás (4,4%), La Matanza (5,16%), Azul (7,8%) y San Isidro (9,8%)
Darrell Huff escribió el magnífico ensayo “How to lie with Stadistics” (Cómo Mentir con Estadísticas). Se publicó por primera vez en 1954 y en más de cincuenta años no ha perdido vigencia. Es un libro que la ciudadanía deberá tener muy en cuenta dada la tendencia maníaco-compulsiva de los funcionarios por distorsionar los problemas reales, usando números.
¿Te acordás de la Maldita Policía?
La segunda contradicción tiene que ver con la re-incorporación de los 4.000 policías anunciados por CFK, parte de los cuales recalaría en Bahía Blanca. Se habló del regreso de policías exonerados o retirados. A menos que hagan volver a los jubilados, el resto pasó a retiro en medio de causas penales relacionadas con la “Maldita Policía”. Tratando de explicar lo inexplicable, el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, dijo que “se analizará la situación» de aquellos policías exonerados de las fuerzas por temas no vinculados a delitos, para que sean convocados al nuevo plan oficial que busca combatir la inseguridad. ¿Acaso exoneraron a algún policía por algo que no constituyera un delito? Ante la polémica desatada por sus declaraciones aclaró que sólo se aceptará a los sancionados por causas leves y no por delitos graves. Lo que no se incorporarán serán militares retirados, pese a que según la agencia oficial Télam la presidenta lo había anunciado, porque la Ley de Seguridad Interior lo impide. La inclusión de militares había sido decidida hace un par de semanas, pero las quejas de los organismos de derechos humanos disuadieron al gobierno. En cuanto a los policías, el criterio para distinguir las «faltas leves» de las causas penales serias abre un debate que recién está empezando pero que de antemano provoca un alto grado de desconfianza
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