¿En Qué País Vive el Intendente?

No tengo certeza alguna de que Cristian Breitenstein viva en Bahía Blanca. Peor aún, tampoco estoy segura de que resida en Argentina. La afirmación surge tras el análisis de sus últimas declaraciones públicas, relacionadas con el malhumor social que generó la puesta en vigencia del nuevo sistema de transporte público de pasajeros. Como parece ser su costumbre cada vez que lo cuestionan, el intendente descalificó a los enojados vecinos que salieron a la calle para protestar, argumentando que estaban movilizados políticamente. No es la primera vez que Breitenstein recurre a esta estrategia. El año pasado, desde Crítica Bahiense, escribíamos que nos asaltaba una duda cruel. El interrogante fue: ¿En qué ciudad vive el intendente?, ya que los vecinos de Ingeniero White, a 8 años del escape de Cloro de Solvay, le recordaron que había promesas sin cumplir, que los controles no son eficientes y que los bahienses no tenemos por qué soportar gentilmente el deterioro progresivo y constante del recurso ambiental. Pero el intendente no iba a creer tal cosa. En aquel momento dijo que esos vecinos eran unos pocos, que no tenían idea de lo que hablaban y que aparecían en escena pública sólo porque algunos medios les daban espacio (?)… como si fuera ético dentro del periodismo descartar a una fuente sólo porque piensa diferente.

En esa oportunidad, dijo que la realidad era otra: que vecinos y empresas del Polo trabajan unidos para mejorar la calidad de vida de White.

La historia se repite. Bahienses de al menos 21 barrios distintos, desde amas de casa, docentes, médicos, estudiantes y hasta jubilados, ese grupo heterogéneo se encontró unido en un interés común: el desacuerdo por los nuevos recorridos y las escasas frecuencias, cuando no la carencia del servicio. Pero Cristian Breitenstein no estuvo dispuesto a creer que tal cosa podía ocurrir en un escenario espontáneo. Puso cara de ofendido y volvió a aplicar la Teoría de la Descalificación para afirmar que el reclamo no fue ni es genuino y que hay algún interés político detrás de los cacerolazos y piquetes barriales.

Después dio un dato de color irresistible: “ahora los vecinos, gracias a la tecnología del GPS, van a poder saber dónde anda su colectivo”.

Al escuchar esto podemos imaginarnos la situación, en especial si el vecino está esperando un micro durante más de una hora bajo el rayo del sol o se está congelando en pleno invierno. Es facilísimo: hay que llevar una computadora a la parada de micros, y WiFi mediante, conectarse a Internet para acceder al sistema y sacarse la duda. Entonces, si ve en el mapa que su colectivo anda lejos, de repente le queda tiempo para regresar a su casa, tomarse unos mates y cuando ve que el micro está más cerca, recién entonces va hacia la parada. ¿Para qué perder tiempo en esperas, ahora que tenemos tecnología?

Uno se imagina tal situación y es cuando la duda entra en escena otra vez. Es evidente que no se puede afirmar con certeza que el intendente viva en la Argentina. Porque si viviera en este país debería saber que las quejas de usuarios en otras ciudades son muchas y hasta podría ver las decenas de imágenes documentadas que hay sobre el pésimo servicio que Plaza ofrece en otros municipios, los mismos en los que comenzó a operar desde que los Kirchner asomaron a la Casa Rosada.

Además, en este caso puntual, la gente que salió a la calle a manifestarse contra el nuevo sistema, no cuestionó el estado de las unidades ni la tecnología con la que operan. Lo que cuestionaron son los recorridos y las frecuencias. Es decir, -por si no de dió cuenta-, se puso en tela de juicio la capacidad del poder político de la ciudad para decidir qué era mejor para los vecinos. Entonces, no deja de sorprender, la distancia que separa al intendente de muchos bahienses para los que gobierna, incluso de ciudadanos que probablemente, lejos de militar en la oposición o en hipotéticas internas partidarias, lo votaron para el mismo puesto que hoy ocupa.

Viva donde viva, Cristian Breitenstein debería comprender que las personas tienen legítimo derecho al pataleo. Si algo no responde al interés esperado, no solo es un derecho natural sino es obligación del ciudadano reclamar y exigir soluciones a su gobernante. Porque es el gobernante el que eligió la vida pública. No fue obligado a ser candidato. El que elige la vida pública debería tener la actitud necesaria para escuchar la voz de sus gobernados y para dirigirse a la opinión pública de una manera más cercana a los intereses vecinales que a los intereses empresarios. Porque un intendente que mientras la protesta está latente, sale a difundir las bondades de un servicio privado que nadie nos regala y, lejos de eso, financiamos y subsidiamos generosamente con fondos públicos, no hace sino alejarse de su ciudad, alejarse de su gente, para terminar anclándose vaya a saber uno en qué recóndita tierra, donde el único que tiene la razón es él.