En línea con las recurrentes exhortaciones del gobierno nacional para que se aceleren los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, la fiscalía general vuelve a la carga sobre la Cámara Federal de Bahía Blanca. A partir de la última advertencia enviada desde el atril por Cristina de Kirchner y luego de la presentación por parte de diputados de la oposición en el Congreso de un proyecto para acelerar las causas, el ministerio público elevó varios recursos de queja ante la Corte Suprema de Justicia por lo que considera dilaciones en el tribunal de alzada bahiense. Lo hizo en el marco del incidente 05/07 sobre investigación de delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional del Comando Quinto Cuerpo de Ejército. Los casos que motivaron la acción de la fiscalía fueron los de Leonardo Luis Núñez, Héctor Luis Selaya y Andrés Reinaldo Miraglia, Vicente Antonio Forchetti, Héctor Arturo Goncalves, Carlos Alberto Contreras y Héctor Jorge Abelleira, Argentino Cipriano Tauber, Miguel Angel García Moreno y Julián Corres.
Y a raíz de esas presentaciones, en la cruzada contra el tribunal de Mitre 60, el equipo que lidera el fiscal Hugo Omar Cañón cuenta ahora con un aliado de peso.
El propio máximo órgano de gobierno del Poder Judicial de la Nación, que el pasado 20 de febrero envió un urgente pedido de informes a la Cámara Federal bahiense para que actualice el estado de las apelaciones que determinan que casi cinco años después de la derogación de las leyes del perdón, ningún acusado haya sido juzgado aún.
El tiempo que le da la Corte a los jueces locales para expedirse es perentorio y vence el venidero 6 de marzo. A trabajar…
Documentos sobre Retardo de Justicia
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