(Análisis) El Ejecutivo bahiense se jacta de liderar un municipio de puertas abiertas y transparente. Un ciudadano cualquiera puede ingresar al sitio Web del municipio y consultar la lista de proveedores, el pliego de una licitación o las compras menores que la comuna realiza diariamente. Este derecho propio del vecino, el de estar informado con relación a los actos de gobierno, no es nuevo. Por el contrario, justo es decirlo, el sistema informático denominado «Control Activo» data de tiempos pasados, cuando Jaime Linares ejercía el poder. Pero de ese heredado escenario a sostener que hoy día el acceso a la información en Bahía Blanca está garantizado, hay un trecho bastante grande.
Por citar algunos ejemplos, la información estadística no está ni actualizada ni completa, los controles medio ambientales aparecen con retrasos injustificables, la información que proporciona el CTE está parcializada y para colmo, fuera del ámbito Web, acceder a ciertos espacios públicos es un derecho natural que, por ahora, los bahienses no tenemos garantizado. Esta mañana, vecinos de 3 barrios de la ciudad se reunieron con la flamante secretaria de gobierno, Diana Larraburu, para peticionar cambios en los recorridos de colectivos, tras una jornada de protestas y piquetes. La prensa local llegó al lugar del encuentro, la Oficina de Tránsito municipal, pero ni Diana Larraburu ni Maximiliano Celendano, dieron su aprobación para que los periodistas ingresaran al recinto. La decisión – poco feliz -, obliga a recordarles que se encontraban en un ámbito público, para tratar un tema de alto interés público. Si el funcionario es eficaz en su labor, si tiene las dotes necesarias que ameriten ocupar el rango que ocupa en la esfera estatal, no hay ningún motivo para que esas virtudes no sean expuestas. Un hecho similar ocurrió durante la visita de concejales a la planta depuradora de ABSA, sin que ningún defensor de los derechos ciudadanos haya puesto objeción al asunto. Un periodista es un transmisor de los sucesos que cubre. No es actor ni participa en las decisiones. Es simplemente un observador que traslada a su audiencia, el registro de lo que ve y escucha. El derecho de tener libre acceso a escenarios donde transcurren situaciones de alto valor social, no es de los periodistas. Es del resto de los ciudadanos, quienes merecen conocer el detalle de los hechos, tal como suceden y no por voces de terceros. Actitudes como la de hoy ubican al reportero en el rol de «cubre fuentes», impropio de un estado de derecho donde –se sabe- la prensa debe comportarse como el perro guardián de la sociedad. Si ese derecho no se garantiza, en un asunto tan vital a los intereses del vecino como el que nos ocupa, entonces cabe inferir que quien transforma un espacio público en privado lo hace porque prefiere que la realidad no sea expuesta tal cual es. No sirve de mucho proclamar transparencia, cuando no se la puede demostrar.
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