El resurgimiento del conflicto con la pesca en Ingeniero White, tras su dramático capítulo en los días previos a la Navidad pasada, tal como publicó SoloLocal en “Golpeando las Puertas del Señor”, volvió a dividir aguas en la Justicia Federal de Bahía Blanca. Mientras el Juez de Feria Luís Ramón Dardanelli Alsina suele demorar años algunas de sus sentencias, para el caso en cuestión, tardó apenas un día en ordenar el desalojo de los pescadores artesanales que impedían con sus embarcaciones el acceso y salida de buques a los puertos locales. Mientras tanto, desde la fiscalía de la Cámara Federal, el doctor Hugo Omar Cañón hizo lo suyo: con la inmediatez que el caso requería, presentó un recurso de amparo que protege el modo de protesta y cuyo texto completo puede leer AQUÍ. El reclamo no suena extraño para el Juez: ya en el tórrido diciembre de 2004, su decisión de establecer una veda en la ría había desatado una fuerte protesta con bloqueos en los accesos callejeros al área marítima de White, frenada por el propio ex intendente Rodolfo Lopes que, en persona, no dudó en enfrentar el conflicto para encausarlo. No pudo impedir, sin embargo, que cientos de pescadores acamparan frente al Juzgado Federal 2 de Dardanelli Alsina a esperar una resolución positiva que no tardó en llegar, dada la presión impuesta.
En las últimas horas, la decisión de Prefectura de impedir este martes que un grupo de trabajadores salga con provisiones desde la banquina de Puerto Piojo, -hacia el sitio en el mar donde se manifestaban sus compañeros-, desató la acción del equipo que lidera el fiscal Hugo Omar Cañón para quien el tema es nuevo. En ese ámbito, conduce desde hace varios años la Unidad de Investigaciones Ambientales, donde se acumulan numerosos antecedentes sobre el estado de salud de la ría, afectada en la últimas dos décadas por uno de los crecimientos portuarios e industriales más concentrados del país. A ese factor, sumado a los efectos del dragado, le apuntan los pescadores para explicar el casi nulo nivel de captura de camarón y langostino que existe en la zona destinada para la pesca artesanal. Al diagnóstico le suman una propuesta: que el Estado los ayude a reconvertirse, es decir, a ampliar la capacidad y volumen de sus embarcaciones para poder acceder a otras zonas de pesca, hoy vedadas y donde podrían obtener más especies. Si la reconversión no es posible, muchos de los poco más de 200 pescadores, agrupados en la Cámara que lidera el componedor Pedro Santos, están dispuestos a ir por el plan B: exigir una indemnización para cruzar las redes en forma definitiva y dedicarse a otra cosa, decisión difícil de digerir para aquellos trabajadores que provienen de familias de extensa tradición en la actividad protegida por San Silverio. Cuando el intendente Cristian Breitenstein regrese de su prometida gestión en La Plata ante el ministro de Producción, se sabrá cuál de las dos opciones se colocará más cerca su gestión, que puso en foco a Diana Larraburu como secretaria de Gobierno, tras la anunciada partida de Gustavo Mena por razones que nunca se dieron a conocer.
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