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Los Costos de Instalación de un Parque Eólico

  • Escrito por Rosario Di Paolo

Todos saben qué es lo que pasó con el parque eólico de Punta Alta, donde los molinos quedaron sin uso por no poder afrontar los costos ya que todos sus componentes son importados y como es sabido nadie analiza costos de mantenimiento, hasta que ya es tarde. El análisis económico de la energía eólica debe tener en cuenta varios aspectos básicos: los costos de inversión, los costos anuales de explotación (operación y mantenimiento) y los costos anuales de financiamiento. Seguidamente se presentan los costos de inversión más importantes en el proyecto de un parque eólico terrestre, como el que se pretende instalar en la zona de Corti y su participación en el costo total.

Costos de estudios de viabilidad: incluyen el estudio del recurso eólico, análisis del emplazamiento, diseño inicial, estudio de impacto ambiental, estudio de rentabilidad y gestión de proyecto, entre otros gastos iniciales. Involucran menos del 2 por ciento del gasto total.

Costos de equipamiento (aerogenerador): incluyen los de producción de la turbina y equipos auxiiliares y la transportación hasta el sitio de emplazamiento e instalación Absorben entre el 65 y el 85 por ciento de los costos.

Costos de obra civil: incluyen la transportación interna dentro del emplazamiento de la turbina y la torre, la construcción de la cimentación y carreteras y otros costos relacionados con la infraestructura necesaria para la instalación y puesta en marcha de las turbinas. Pueden representar del 4 al 16 por ciento. 

Costos de conexión a la red: incluyen el cableado, las subestaciones y las lineas eléctricas necesarias. Absorben del 9 al 14 por ciento del total.

Otros costos de inversión: por ejemplo, costos financieros durante la construcción, ingeniería, permisos legales y del uso del terreno, licencias, consultas, seguros y además los sistemas de monitoreo. Pueden ir del 4 al 10 por ciento del costo total.

 

Aerogeneradores de eje horizontal

Existen diferentes tipos de turbinas eólicas y entre ellas, las de eje horizontal son las más empleadas. El diseño más frecuentemente encontrado es el de tres palas con caja multiplicadora, sistema de control por pérdida aerodinámica (stall) o de paso variable (el más común actualmente), operando a velocidad cercanamente constante.

Existen otros diseños que están disponibles en el mercado de aerogeneradores, como el de conexión directa o sin caja multiplicadora (gearless) y con generador de velocidad variable.

Como se observa, los mayores costos corresponden al aerogenerador y sus equipos auxiliares, los que incluyen las partes y siguientes componentes.

 

Costos unitarios de un parque eólico

¿Cuánto cuesta la instalación de un KW en un parque eólico? La turbina constituye el elemento más costoso. Como se señaló anteriormente, su costo oscila entre el 64 y el 85 por ciento del total. Ello depende, entre otros factores, de la madurez de la industria eólica en el país productor de la turbina y de las especificaciones del proyecto, ya que mientras más resistentes sean las turbinas solicitadas, más costosas serán.

Los componentes más caros son la torre, las palas y la caja multiplicadora, los cuales alcanzan alrededor de la mitad del costo total de la turbina (con valores aproximados de 26, 22 y 12 por ciento, respectivamente. El generador, transformador y convertidor llegan al 13 por ciento del costo del aerogenerador,

Los costos de conexión a la red dependen, entre otros factores, de si el parque va a ser conectado a una red de transmisión o de distribución. En el primer caso, los costos se incrementan debido a la tecnología de la transformación.  Si la red eléctrica no está muy alejada del parque eólico, la conexión usual es la de corriente alterna de alta tensión. Si las distancias son mayores a los 50 kilómetros, se estima que emplear corriente directa de alto voltaje es la solución más económica. Los costos de conexión a la red varían de un país a otro.

En los parques eólicos terrestres, los costos se mueven entre 11 y 14 por ciento del costo total de la inversión. Los costos de las obras civiles y la construcción incluyen la transformación y la instalación de la turbina y la torre, además de la construcción de la cimentación y los caminos de acceso, además de otros costos relacionados con la infraestructura del parque.

A pesar del aumento del tamaño de los aerogeneradores y su correspondiente encarecimiento, los costos de transportación e instalación no han crecido en la misma proporción. La construcción de medios de transporte e izaje diseñados específicamente para instalar aerogeneradores, ha reducido los tiempos y costos de instalación.

El costo de la potencia instalada en los últimos años se encuentra, mayoritariamente, en el rango de 1700 y 1250 USD/KW (dólares norteamericanos por kilowat) para parques eólicos terrestres en países desarrollados. En el 2010, los costos de instalación en China se encontraban entre los más bajos del mundo, junto con Dinamarca, entre 1300 y 1384 USD/KW. En los Estados Unidos, esos costos alcanzaron los 2154 USD/KW y en Japón rebasaron los 3000 USD/KW.

 

Reducción de los costos de inversión 

Como se ha señalado, los aspectos claves que influyen en los costos de los proyectos de parques eólicos son los costos de las turbinas eólicas o aerogeneradores, las cimentaciones, la conexión a la red, la instalación y los gastos de planificación y gestión. En el mundo se le presta mucha atención a los costos de la turbina eólica en sus diferentes componentes: torre, palas o aspas, caja multiplicadora y otros componentes tales como generador, sistemas de control, transformador y convertidor. La fabricación de torres puede ser un renglón importante de ahorro, ya que constituyen más del 20 por ciento de la inversión y existen varias fábricas con condiciones para producirlas. Este alto costo se ve incrementado por los costos de los fletes marítimos y los seguros.

Otros elementos propios de las torres podrían fabricarse también en Argentina. No puede descartarse que a un plazo mayor se pudieran producir otros componentes, tales como las palas y otros elementos mecánicos y eléctricos que constituyen partes de algunos subsistemas.

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Nota de la redacción: Rosario Di Paolo es dirigente gremial de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA). Presentó este texto como propuesta de exposición ante la Banca 25 del Concejo Deliberante de Bahía Blanca. 

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Acueducto del Colorado: Plata Sobra, Falta Avance

  • Escrito por Gabriel Bermúdez

Mientras la primera etapa de ejecución de la obra del acueducto del río Colorado aún está en veremos, el proyecto ya se aseguró financiamiento para la segunda fase. Este martes la asamblea de accionistas del Banco de Desarrollo de América Latina aprobó un préstamo de hasta 130 millones de dólares para la continuidad de la obra que, aseguran sus impulsores, está destinada a resolver el problema de abastecimiento de agua potable para Bahía Blanca y varias localidades del sudoeste bonaerense. Así lo anunció la entidad financiera creada bajo el nombre original de Corporación Andina de Fomento cuyo aporte cubrirá el 80 por ciento de ese segundo tramo. El resto, unos 32 millones de dólares, lo deberá afrontar la contraparte local, la provincia de Buenos Aires. 

La cifra, a la cual el gobierno bonaerense accedió gracias a los avales otorgados por la Nación, se suma a otra de 150 millones de dólares ya comprometida por la CAF para la primera etapa que comprende la elaboración del proyecto y su llamado a licitación. Pero, ¿en qué instancia se encuentra ese proceso? "Este año, la obra se licita y se inicia" anunció a comienzos de año la gobernadora María Eugenia Vidal, que ya había incluido al acueducto en su primer mensaje de apertura de sesiones en la Legislatura, en marzo del año pasado. Por esa misma fecha de 2016, el intendente Héctor Gay, quien en campaña electoral había prometido que la obra estaría entre sus prioridades, aseguraba que el proyecto ejecutivo de la obra "estaba muy adelantado". Pasó un año, Vidal retornó a la Legislatura para hablar ante diputados y senadores y Gay volvió a referirse al tema, tras el discurso de la mandataria. Esta vez, el intendente dijo que la iniciativa "estaría lista en dos meses" para ser licitada.

Sin embargo, en la solapa de licitaciones del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, aun no hay ninguna referencia a fechas de un supuesto llamado relacionado con el acueducto. En el mismo sitio web oficial, la obra apenas figura entre los planes regionales y con una inversión estimada en los 1200 millones de pesos, una cifra que, como veremos, ha quedado por demás desactualizada. Si sumamos los 150 millones de dólares ya aportados por la CAF y los 130 millones aprobados hoy, además de los 32 millones que deberá invertir la provincia. la cuenta da 312 millones de dólares. A un tipo de cambio de 16 pesos por cada divisa norteamericana, los fondos comprometidos para su construcción rondarían ya los 5.000 millones de pesos, cifra que casi cuadruplica la estimada por el ministerio de Infraestructura provincial. Y eso no es todo: la estimación original del costo total alcanza los 350 millones de dólares...

Sobre los altos costos del proyecto (que además de los 140 kilómetros de extensión del acueducto entre Pedro Luro y Bahía Blanca, incluye además una obra de toma, una planta potabilizadora en esa localidad del distrito de Villarino, cuatro cisternas y dos estaciones de bombeo) ya advertía en 2011 el por entonces senador provincial José Zingoni, que pedía por la utilización de tecnologías más avanzadas y baratas para reutilizar el agua de cloacas y destinarla al polo petroquímico. Como contrapartida, en la misma nota de aquella época el entonces diputado provincial Iván Budassi, traccionaba a favor del acueducto, como lo haría después desde su gestión en ARBA (?) y durante su frustrado intento de ser candidato a intendente por el Frente Para la Victoria. "Solo hay que llamar a licitación" decía por entonces (recuerden, noviembre de 2011), Budassi. Después de estar cerca de convertirse en un cuento chino, su pedido parecía cerca de cumplirse casi cuatro años después, cuando en plena campaña presidencial, setiembre de 2015, el gobernador Daniel Scioli anunciaba que en enero de 2016, la obra sería, por fin, licitada. En eso andan todavía en La Plata, sus sucesores, 15 meses después...

 

 

 

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Parque Eólico, Anunciado Dos Veces y Demorado

  • Escrito por Gabriel Bermúdez

El próximo 16 de mayo, el directorio de la Corporación Interamericana de Inversiones, va a considerar un pedido de financiamiento para instalar una central eólica en Bahía Blanca. Se denomina El Corti y la solicitud es de hasta 50 millones de dólares. La peticionante es la firma Greenwind, patrocinada por Pampa Energía S.A. En los alcances y objetivos del proyecto 12064/01 presentado ante la entidad crediticia, que integra el Banco Interamericano de Desarrollo, puede leerse que las obras “comenzarán durante el primer trimestre de 2017”. La promesa ya no podrá ser cumplida: pasó marzo, los trabajos aún no se han iniciado y la empresa que pidió el dinero, ya cambió de manos.

El parque eólico Corti demandará la instalación de 29 aerogeneradores adquiridos a la compañía Vestas de 3,45 MW de generación cada uno, que llegarán por barco a Ingeniero White.  Se estima que el costo total del proyecto no superará los 175 millones de dólares que serán financiados, en parte, con ese préstamo solicitado y aun no concedido. “El plan de financiamiento se completará con la participación de otros dos prestamistas, de instituciones financieras bilaterales u organismos de crédito a la exportación, así como inversiones de capital” prevé la iniciativa que la semana anterior, ya en el mes de abril, terrenos del segundo trimestre, fue presentada, nuevamente, en Bahía Blanca. Y es que el 31 de octubre del año pasado, ya había sido anunciada desde la Central Termoeléctrica Luis Piedrabuena.

La información oficial del municipio indica esta vez que el pasado jueves, con la presencia del intendente, “presentaron dos proyectos de parques eólicos para Bahía Blanca”. Uno de ellos, es, precisamente, el de Corti, a unos 20 kilómetros de la ciudad, sobre la ruta provincial 51 y que impulsa Pampa Energía, propietaria de la Central Luis Piedrabuena y de la refinería de Loma Paraguaya. En la publicación se destaca que el proyecto, así como el de Sowitec para García del Rio, “cuentan con la aprobación del Organismo Provincial  para el Desarrollo Sostenible (OPDS)”. Nada nuevo: según el documento que hoy revela Solo Local, el estudio de Impacto Ambiental fue aprobado el 22 de junio de 2011 y al proyecto, se le agregaron algunos cambios en el diseño, el año pasado.   

Ensalada de nombres y cambio de manos

En la lista de los proyectos de energía renovables adjudicados por el ministerio de Energía y Minería en el marco de los planes Renovar, el parque eólico Corti figura con la Central Térmica Loma de la Lata como (CTLL) oferente. Esta firma es propiedad de Pampa Energía, el holding que está detrás de la inversión, pero que ya produjo cambios en la composición del grupo que tendrá a cargo la administración del proyecto. En marzo pasado, el grupo liderado por Marcelo Mindlin, le vendió acciones de CTLL a Valdatana Servicios y Gestiones, a su vez, un vehículo de inversión del grupo norteamericano Castlelake. En consecuencia, este fondo comparte ahora con Pampa Energía, la propiedad de Greenwind, la compañía que está al frente del parque eólico Corte. Y todo, antes de que se instale el primer molino.

 

 

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A 3 años del Fallecimiento de Daiana Herlein

  • Escrito por Lorena Zerneri y Alejandro Herlein

Hoy 05 de Marzo de 2017, queremos comunicar a todos aquellos que nos quieran escuchar, que hemos dado la pelea, que seguiremos luchando, que sabemos que ya perdimos en esta guerra contra la CORRUPCION, aún así  buscaremos el triunfo en cada batalla.

A LOS VECINOS

Ya no hace falta demostrar que sólo nos motiva el DOLOR por la pérdida y el AMOR por la vida, que nunca hicimos militancia, como alguna vez titularon una editorial de mala fe, que no aspirabamos a puestos políticos, como muchas veces los denunciados comentaban en el cobarde anonimato, que nunca fue ni será una cuestión de intereses económicos, como algunos medios de comunicación intentaron instalar con el objetivo de ensuciar a las víctimas y así desenfocar la desidia del Estado. Durante todo este tiempo no solo tratamos de sobrevivir al más fuerte golpe y dolor que significa la pérdida de un hijo, sino también enfrentándonos a los responsables, que son nada más y nada menos que funcionarios públicos e integrantes de mafias y asociaciones ilícitas, con poder y dinero suficiente para comprar voluntades.

El Estado en cabeza del hoy Diputado Nacional Dr. Gustavo Bevilacqua por el Frente Renovador, nos persiguió, nos amedrentó, nos amenazó, nos disfamó, se nos rió y se nos burló, quisieron negociar la muerte de nuestra hija, nos acusaron de politizar su muerte, siendo que es una cuestión política ya que los responsables son funcionarios políticos en el ejercicio de sus funciones. Pero nunca jamás podrán callarnos.

Hemos realizado muchas denuncias, algunas públicas, otras en la justicia, algunas aún en investigación, otras casi definidas y con resultados escandalosamente lamentables,  pequeños pero no menos importantes logros que nos adjudicamos y cuando digo pequeños es porque aún esperamos y pretendemos mucho más. La mal llamada JUSTICIA, es lenta y perversa, pero tenemos esperanzas y confiamos que aún deben existir jueces y fiscales honorables.

A medida que transcurría el tiempo fuimos encontrando las personas indicadas que nos ayudan y acompañan y así formamos un sólido grupo de trabajo de ciudadanos comprometidos con la sociedad y con el futuro, que tiene como único objetivo minimizar el flagelo de la corrupción, la MALDITA CORRUPCION QUE MATO A DAIANA; y que como todos sabemos no es atributo exclusivo de un partido político, aquí en nuestra querida Bahía Blanca, la teníamos oficializada antes, y la tenemos instalada también hoy, tanto en el poder ejecutivo, como en el judicial y el legislativo, desde el encubrimiento, desde el no hacer, desde la complicidad, desde las oscuras negociaciones, desde la mala administración de fondos públicos, desde el desconocimiento y la ineficiencia que destruye, desde la impunidad y la arrogancia, desde el desentendimiento de cuestiones fundamentales y desde las promesas y mentiras.

Ella merece todo nuestro esfuerzo.

Ella vive en nuestra lucha.

Ella marcó un antes y un después en nuestras vidas, pero también un antes y un después en un gobierno municipal, no elegido e impuesto para delinquir y devastar una ciudad, lamentablemente la actualidad indica que perder su vida no fue lo suficiente para un CAMBIO REAL.

 

A LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS POLITICOS Y JUDICIALES

Desde nuestro humilde lugar, les pedimos tomen verdadera conciencia y responsabilidad de que desde su función y compromiso depende en gran parte nuestro futuro, nuestra vida y nuestra muerte, todos como ciudadanos, grandes y niños. Les pedimos que tomen como ejemplo y referencia, que reflexionen, que en Bahía Blanca, como consecuencia de la corrupción, desidia e impunidad, murió una adolescente de solo 15 años. Para que no se vuelva a repetir, para que no haya otra DAIANA.  

 

AGRADECIMIENTO

 Solo nos queda una vez más, agradecer a todos aquellos que nos acompañan en el camino de la VERDAD, del enaltecimiento de los VALORES y del respeto por la VIDA.

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Niegan Pulsera Electrónica a Ex Marino Condenado

  • Escrito por Gabriel Bermúdez


Gerardo Alberto Pazos es uno de los tantos militares retirados procesados por delitos de lesa humanidad que goza del beneficio del arresto domiciliario. Como la verificación de su cumplimiento implica, apenas, un par de visitas por mes al domicilio que fijó por parte del Patronato de Liberados, la fiscalía general solicitó la aplicación de un dispositivo de vigilancia electrónica. El miércoles pasado, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca rechazó el pedido por considerarlo "irrazonable".

No se ha demostrado que existan riesgos procesales que ameriten modificar las condiciones en que Gerardo Pazos se encuentra cumpliendo arresto domiciliario” falló el tribunal, ante el pedido del fiscal general Ricardo Weschler y avalado por los representantes del Ministerio Público Fiscal. Estos habían remarcado “la patente dificultad que se evidencia al momento de realizar el efectivo control del cumplimiento de la medida restrictiva de la libertad por parte de la autoridad pública encargada de dicha tarea”. Advirtieron que con solo un par de visitas al mes, no se puede evitar que los detenidos con arresto domiciliario, “lleven una vida “extramuros” como la de cualquier otro ciudadano”.

Para los jueces del tribunal bahiense, sin embargo, los representantes del Ministerio Público Fiscal “no han explicado de qué manera la colocación del dispositivo de control electrónico podría llegar a mejorar la reinserción social del encausado, quien se encuentra cumpliendo arresto domiciliario desde antes de la implementación del Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica” dice el fallo del tribunal, que firman José Mario Triputti, Jorge Ferro y Martín Bava. 

Sostienen que la solicitud del fiscal general “se trata de un pedido generalizado en el que no se han ponderado las circunstancias personales y condiciones de salud del imputado” y añaden el informe médico sobre el estado de salud mental de Pazos. Incluye, Trastorno Mixto de la Personalidad Depresivo-Ansioso con ideación suicida, presenta indicadores psicopatológicos de peligrosidad potencial para sí mismo y se aconseja asistencia psicofarmacológica y psicoterapéutica, entre otros puntos.

Así las cosas, no sólo no se ha acreditado qué efecto positivo a los fines de la reinserción social podría tener la medida sobre el imputado, sino que además la condición de salud psicológica, torna irrazonable su implementación” concluyen los magistrados.

En noviembre de 2015, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca condenó a Pazos a prisión perpetua, en el marco del tercer juicio por delitos de lesa humanidad realizado en esta ciudad y el primero en el que se condenó a miembros de la Armada. El ex capitán de navío Pazos fue jefe de Operaciones e Inteligencia de la Fuerza de Apoyo Anfibio (FAPA).

 

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Multas al Polo: Se las Lleva el Tiempo...

  • Escrito por Gabriel Bermúdez

Seis infracciones por contaminación al medio ambiente de Bahía Blanca quedaron en estos días sin sanción por el mero paso del tiempo. Las resoluciones favorecen a las compañías Petrobras (hoy propiedad de Pampa Energía y en proceso de venta), Central Piedrabuena (también de Pampa Energía) y Solvay Indupa (hoy Unipar Indupa) y son por violaciones cometidas entre 2010 y 2013. Los organismos que tenían que actuar lo hicieron (Comité Técnico Ejecutivo constatando y labrando las infracciones y Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible multando), pero no dentro del límite que establecen las normas en vigencia. Por lo que el juez correccional 1 José Luis Ares, no tuvo más remedio que absolver a las empresas por prescripción de las causas.

Todos los expedientes, que imponían sanciones de $ 40.000 a $ 100.000, habían llegado a principio de mes a ese juzgado. Sin embargo, en algunos casos, el OPDS había dictado su resolución cuando ya había operado el plazo de prescripción. En este punto hay una controversia central: Ares entiende que debe ser de 5 años y la Suprema Corte de Justicia de la provincia sentó jurisprudencia en apenas un año. La opinión del máximo tribunal bonaerense se impone, ya que la ley vigente no establece plazos perentorios claros. En otros casos, destaca Ares, la resolución del OPDS llegó después de un largo trámite posterior al recurso presentado por la empresa. El argumento repetido (y exitoso) de los abogados de las compañías, es la solicitud de prescripción de las multas

Hace más de dos años, el juez se dirigió a la Suprema Corte para que impulsara ante la legislatura provincial, modificaciones en cuanto a la extensión de los plazos de vigencia de los expedientes por contaminación ambiental. Lo hizo tras decidir en la causa 453/14, "Petrobrás" del 14/08/14. A fines del año pasado, la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires incorporó el artículo 8 bis a la ley 5965, con la meta de que las acciones para imponer sanciones prescriban a los 5 años contados a partir de la fecha en que se hubiere cometido la infracción.

 “A través de la modificación pretendemos dar respuesta al  vacío legal que existe en la actualidad y unificar el plazo de prescripción con otras leyes provinciales que regulan los temas ambientales” explicó el senador por la Sexta Sección Electoral Andrés De Leo (Coalición Cívica-Cambiemos), autor de la iniciativa. En línea con lo que sostiene Ares, el legislador concuerda que en que la actualidad “y ante la ausencia  de un plazo expreso en ley 5965, ha dicho la Suprema Corte, que es de aplicación por analogía el Código de Faltas, Decreto Ley 8031, que prevé un año para la fecha de prescripción”.

 “Por otra parte –agrega De Leo- la ley 11720 que regula la generación, manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de residuos especiales, establece en forma expresa el plazo de cinco años para la prescripción de las sanciones en ella impuestas”. El proyecto fue sancionado en la última sesión de 2016 y debe ser analizado ahora por la Cámara de Diputados. En una de las iniciativas presentados ante la legislatura, se cita un artículo de Solo Local de mayo de 2013, a propósito de la situación de Petrobras. 

Otro camino para acelerar los expedientes

Más allá de la apelación ante la Suprema Corte y la legislatura, el juez Ares intentó otra vía para que la contaminación al medio ambiente de Bahía Blanca por parte de las empresas no quede impune. Hace casi un año denunció penalmente a los funcionarios del OPDS ante el fiscal general de La Plata “por resultar sospechoso el sistemático y burdo accionar dilatorio de los funcionarios y ante la posible comisión de delitos tales como abuso de autoridad, omisión o retardo de actos del oficio, violación de los deberes de funcionario público, entre otros (causa 1457/15, "PBB Polisur" del 2/03/16)". Por esa fecha, la oficina local del OPDS comenzaba a mudarse del sitio donde funcionó durante varios años: la sede de la Unión Industrial de Bahía Blanca, entidad que tiene por vicepresidentes a representantes de Profertil y PBB Polisur-Dow y como vocales, entre otros, a directivos de Pampa Energía y Unipar Indupa, en su actual comisión directiva.

 

 

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Shell Picó en Punta para la Temporada 2017 de GNL

  • Escrito por Gabriel Bermúdez

El sábado próximo comenzarán a arribar los metaneros con Gas Natural Licuado al puerto de Bahía Blanca, como ocurre sostenidamente desde 2008. Con la llegada del mes de abril, se espera al primer buque del año con un cargamento que traerá el sello que más se repetirá a durante 2017: el de Shell. A lo largo de 2017, serán siete los envíos de la compañía holandesa, ausente del proceso de regasificación local hasta 2015, pero que comenzó a ganar terreno desde 2016. En realidad, el arribo del buque LNG Enugu, de bandera de Bahamas, es una reprogramación del año pasado, en el que las compras decididas por Enarsa superaron la demanda de gas, debido a las altas temperaturas tempranas y en menor medida, a la baja en la producción industrial. Por eso, cuatro embarques adquiridos en 2016, recién arribarán este año al muelle de Compañía Mega.

Este sitio estuvo siendo acondicionado a lo largo de marzo y eso motivó que el buque regasificador Exemplar, debiera salir hacia el fondeadero desde el 7 de este mes. Recién ayer a la tarde, se produjo su regreso el regreso del barco a Mega acompañado de cuatro remolcadores. Según informó la compañía al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, se debió a "tareas de acondicionamiento de lineas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) que vinculan a nuestra planta en Puerto Galván con la empresa Transportadora Gas del Sur (TGS) y la correspondiente ampliación del puente con Ferro Expresa Pampeano (FEPSA)".

La información está publicada en el mapa de alertas que desde fines de 2015, el OPDS (con escasa o nula información previa y posterior para los pobladores de Ingeniero White en particular y Bahía Blanca en general) comenzó a exigirle a las empresas industriales que operan en la zona. Ante cada actividad de riesgo que vayan a realizar, deben publicarla en ese mapa de eventos con su tiempo de duración, detalle de la tarea a realizar y posible afectación al medio ambiente. En este caso, el alerta seguirá vigente hasta el próximo jueves e incluye la instalación de una antorcha temporal de piso para evacuar y quemar restos de esa cañería. "La misma será visible desde la ruta provincial 252" informa la compañía y advierte que su utilización "podría extenderse de manera discontinua hasta la finalización de los trabajos, previstas para la primera semana del mes de abril".  

¿Será el último año completo de operación en Mega?

Tal cual informó Solo Local, a fines del año pasado la compañía estatal Enarsa realizó un llamado a manifestar interés por la instalación de otro muelle regasificador en la zona de Puerto Rosales. Según su plan de acción, se preveía que en marzo ya estuviera elegido el inversor privado que se encargue de los trabajos de construcción que podrían incluir, a largo plazo, la mutación del muelle hacia uno de licuefacción que permita, ya no importar gas, sino exportarlo. El objetivo del Ministerio de Energía y Minería, que administra Enarsa, es que el nuevo puerto de regasificación, esté listo para operar en agosto de 2018. 

Como en el transcurso del tiempo hasta esa fecha vencerá el contrato firmado con YPF para la operación regasificadora en Mega, no se descarta que el proyecto de Coronel Rosales llegue para reemplazarlo. Es que Enarsa ya le anunció a la petrolera que a partir del próximo período será la propia empresa estatal y ya no YPF, la que maneje las operaciones en el muelle bahiense. Con el mismo fin de ahorrar costos, Enarsa también había desplazado a YPF del proceso de adquisición de los metaneros con carga de GNL. 

Este lunes, se reunieron en Punta Alta los intendentes de Bahía Blanca y de Coronel Rosales aunque, de acuerdo a lo publicado por medios rosaleños, el tema del nuevo puerto regasificador no habría formado parte de la agenda entre Héctor Gay y Mariano Uset. Visto desde una perspectiva regional, el proyecto suma, aunque observado desde el prisma competidor del puerto de Bahía Blanca por un lado y el de Rosales por otro, presume un tironeo a mediano plazo. 

Dos apellidos de peso en esta historia

Uno es el del actual ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, hasta mediados de 2015, gerente general de Shell Argentina. El funcionario se vio obligado a desprenderse de sus activos en la petrolera holandesa, al hacerse cargo de la cartera en la que, sin embargo, mantiene algunos nombres en su gabinete, pese a que están en la mira por posibles conflictos de intereses. Aunque Aranguren parece haber hecho sus deberes personales, hace mucho ruido que su ex compañía hoy lidere las ventas de GNL al país.

El otro apellido con fuerte carga es el del diputado nacional Julio De Vido. El ex todopoderoso ministro de Planificación Federal fue el que tuvo bajo su órbita de acción a Enarsa desde su nacimiento y como tal inició el proceso de regasificación en el año 2008. Durante su gestión, está bien que con algunas condiciones de mercado bien diferentes, se pagaron valores hasta tres veces más altos que los actuales por los cargamentos de GNL. Y en algunos casos, extras de hasta el 50 por ciento, por embarque. Una de las beneficiadas, fue la British Petroleum, que envió aquí a uno de sus barcos, a pocas semanas de cumplirse 30 años de la ocupación de Malvinas. Negocios son negocios...

 

 

 

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Echegaray y Una Extraña Visita a la AFIP Local

  • Escrito por Gabriel Bermúdez

El cierre de la regional Bahía Blanca de la AFIP en agosto de 2012 y la presunta connivencia de funcionarios de ese organismo con una asociación ilícita fiscal montada en torno a la emisión y comercialización de facturas truchas para evadir impuestos seguirán investigándose en la Capital Federal. Así surge de la decisión tomada el viernes pasado por el juez federal Walter López Da Silva y adelantada ese mismo día por Solo Local. El magistrado se declaró incompetente para instruir la causa 5987/2016 caratulada "Echegaray, Ricardo Daniel s/averiguación de delito" en razón de la conexidad que existe con la causa 3215/2015 que instruye en Buenos Aires el juez Sebastián Casanello. El año pasado, este le giró a López Da Silva las actuaciones para determinar si en una visita a Bahía Blanca de abril de 2013, Echegaray había recibido "un sobre" por parte de un abogado. Si bien no pudo confirmar ese hecho, generó prueba coincidente con la hipótesis sobre la que trabaja Casanello y que sostiene que el traslado a Mar del Plata, en agosto de 2012, de la Regional local de la AFIP, no tuvo que ver con un conflicto gremial, sino con la intención de desarticular las fiscalizaciones que la AFIP venía realizando contra un grupo de empresarios bahienses, por la utilización de facturas apócrifas.

Ocho empleados de la AFIP local que declararon ante el juzgado bahiense coincidieron en que el cierre de la regional bahiense del organismo fue injustificada. Prácticamente todos ellos ratificaron la existencia de una reunión, en el séptimo piso del edificio de la AFIP en Bahía Blanca entre Echegaray y el abogado Leonardo Gómez Talamoni, por entonces letrado de Juan Ignacio Suris. Fue en una oficina vidriada, duró dos minutos, aunque "nadie vio que el abogado entregara algún sobre a Ricardo Echegaray o viceversa" como había declarado una testigo ante el juez Casanello en Buenos Aires. "Ni pudieron escuchar de qué hablaron" agregó el juez. 

"No obstante -agrega López Da Silva- cabe destacar que los testigos coincidieron en señalar que al tiempo de la disolución de la Dirección Regional Bahía Blanca de la AFIP, existían problemas gremiales a nivel nacional por el cambio de horario de ingreso para el desarrollo de las tareas, pero que la única Dirección Regional que se disolvió en ese contexto, fue la de Bahía Blanca". Esa afirmación de ocho empleados del organismo, da por tierra con el argumento de Echegaray, de que aquel cierre tuvo basamento en un conflicto de tipo gremial, como también lo había descartado, el entonces secretario general de la Asociación del Personal de Empleados de la DGI. Algunos señalaron que esa decisión implicó graves perjuicios para el funcionamiento del organismo y otros coincidieron en que el motivo real de la disolución "pudo ser el entorpecimiento de algunas fiscalizaciones, para encubrir determinados manejos de empresas, como las de SURIS, máxime cuando resultó clara la afectación específica del área de Investigaciones y Fiscalizaciones local" dice la resolución de López Da Silva. 

Tras citar las pruebas aportadas y la declaración tomada al periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon, cuyas publicaciones dieron inicio a la causa 10451/2014 en la que López Da Silva se declaró incompetente, el juez concluye que su trabajo y el de Casanello se superponen, por lo que decide girarle el expediente. No obstante, sostiene que "más allá de la falta de verificación de la entrega de "un sobre" por parte del abogado Leonardo Gómez Talamoni al entonces Administrador Federal de Ingresos Públicos, lo cierto es que los elementos colectados en pos de verificar esas circunstancias, no han hecho más que sumar elementos atados a la hipótesis investigativa que se sigue en la causa 3215/2015 en la que se investigan las complicidades de los funcionarios de AFIP para obstruir el avance de fiscalizaciones que avanzaban inexorablemente hacia las empresas del grupo Báez" cita López Da Silva a Casanello. Más adelante concluye: "para evitar que se descubriera la millonaria estafa tributaria que protagonizaba Austral Construcciones, perteneciente al empresario Lázaro Báez -vinculado a funcionarios del otrora gobierno nacional- desde la AFIP se resolvió entorpecer las investigaciones propias del organismo, ocultando ese designio poniendo el foco en las empresas que le habían suministrado facturación apócrifa a esa firma, en la inteligencia de que regularizando sus situaciones, podría justificarse la contabilidad tributaria de Austral; así es como entran en escena, Constructora Patagónica Argentina S.A., Calvento S.A. y Grupo Penta y Cía S.A. (y también Iberoamericana de Servicios)".

"A la luz de los testimonios obrantes... puede sostenerse a este tiempo que la disolución de la Dirección Regional Bahía Blanca de la DGI habría respondido a la finalidad de entorpecer las fiscalizaciones que se llevaban en el organismo local, en particular la de la empresa Iberoamericana de Servicios S. A. usuaria de las empresas del grupo Suris "por sumas importantes", al igual que Calvento S.A., Grupo Penta S.A. y Constructora Patagónica Argentina, estás últimas vinculadas "comercialmente" en forma estrecha con Austral Construcciones S.A." añade el juez que, como se advierte, lejos de sacarse de encima el expediente, como podría pensarse, aporta pruebas a la investigación central del juzgado 7 de la Capital Federal. "Es el doctor Sebastián Casanello quien ha prevenido en la investigación del encubrimiento de todas estas acciones y es por eso que esta causa debe continuar absorbida por aquella pues la mejor y más pronta administración de justicia así lo aconseja" falla López Da Silva. 

A diferencia de la discrepancia sobre la declaración de incompetencia del juez en torno a la causa en la que se investiga la asociación ilícita fiscal que une a los Báez, con los grupos Ficcadenti, Ferreyra y Pedraza, la fiscalía federal, que apelará aquella decisión, tal como fue confirmada por el fiscal Alejandro Cantaro a Radio Universidad, en este caso coincide con que la causa 5987/2016 siga siendo instruida por el juez Casanello.

 

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Suris y Báez, Unidos por Dos Rechazos Judiciales

  • Escrito por Gabriel Bermúdez

Ambos están presos y en vías de afrontar sendos juicios por liderar diferentes asociaciones ilícitas fiscales, montadas en base a un origen común: las facturas apócrifas. Y aunque aún no están claras las pruebas de vínculos directos entre ambos, este jueves Lázaro Báez y Juan Suris quedaron unidos por un par de resoluciones negativas a sus pretensiones de libertad. Al empresario patagónico, la Cámara Federal de Bahía Blanca le rechazó un planteo de nulidad y recurso de queja contra la decisión del juez Walter López Da Silva de girar a la Capital Federal, una causa que lo involucra junto a su hijo Martín y una decena de empresarios bahienses. Al Suris, el Tribunal Oral Federal bahiense le negó nuevamente un pedido de excarcelación, por lo que el amigo de Leonardo Fariña, un nombre que lo acerca a Báez, seguirá preso hasta que se inicie el juicio, que el TOF viene demorando desde hace más de un año.

Como anticipó Solo Local el pasado 17 de febrero, López Da Silva falló que existe conexidad entre la causa que liga a Báez con los empresarios bahienses Ficcadenti, Ferreyra y Pedraza (la número 10451/2014) y la que instruye su par Sebastián Casanello contra el amigo y socio de los Kirchner (la 3017/2013), por lo que se declaró incompetente. Para ambos jueces, los hechos que se investigaban en Bahía Blanca, la emisión y comercialización facturas apócrifas desde las firmas Grupo Penta y Cía (Ficcadenti), Constructora Patagónica Argentina (Ferreyra) e Iberoamericana de Servicios (Pedraza) hacia Austral Construcciones, de las cuales la empresa emblema del grupo Báez se habría valido para evadir al fisco, constituye el delito precedente en la pretensión de avanzar contra Lázaro por presunto lavado de dinero. Con esta maniobra que investiga Casanello, el ex empleado bancario devenido en millonario contratista del Estado, habría blanqueado los millonarios fondos recibidos a través de los presuntos sobreprecios abonados en la adjudicación de numerosas obras viales y de viviendas durante el anterior gobierno.

Pese a que en la vista se habia pronunciado a favor de la competencia del juzgado de Bahía Blanca, el fiscal Antonio Castaño no apeló la decisión de López Da Silva. Sí lo hicieron los abogados de Báez, con el pedido que este jueves los jueces Pablo Candisano Mera y Jorge Triputti coincidieron en rechazar. Para ambos magistrados, los impugnantes "no pudieron demostrar un perjuicio o afectación a garantías constitucionales (única causa invocada en la queja)" por lo que ratificaron que la causa 10451/2014 sea instruida en adelante por Casanello. El mismo destino, el juzgado federal 7 de Capital Federal, había tenido ya el expediente que involucra al ex administrador de AFIP Ricardo Echegaray, con el cierre de la oficina regional del organismo en Bahía Blanca en agosto de 2012. También en ese punto, López Da Silva se había declarado incompetente.

¿Por qué Suris seguirá preso?

Este mismo jueves, se conoció además la decisión del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca de negarle por cuarta vez a Juan Ignacio Suris la solicitud de excarcelación. El defensor oficial José Ignacio Pazos Crocitto la había fundamentado en que su defendido "se encuentra próximo a alcanzar los tres años de privación de la libertad y una posible prórroga deviene inoficiosa e ilegal". Recordó que la prisión preventiva fue dictada el 25 de marzo de 2014 y el 22 de marzo de 2016 ya se resolvió su prórroga por el término de seis meses, disponiéndose su segunda prórroga nuevamente por seis meses, el 8 de septiembre de 2016

Sin embargo, para los jueces Juan Leopoldo Velázquez, Beatriz Torterola y Luis Roberto Salas "no se vislumbra que hayan variado las razones por las cuales se prorrogó la prisión preventiva del encausado, toda vez que no surgen de la causa distintos elementos que permitan suponer que ha cesado la posibilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación". Para los magistrados la chance de que Suris libre se profugue "puede presumirse con la posible realización de un nuevo juicio en la causa FBB120000124/2012 (en la que está acusado de liderar una banda de narcotraficantes) y la amenaza de una condena en ese proceso a pena entre los 6 y los 20 años de prisión, además de la pena en expectativa en esta causa (por asociación ilícita tributaria) que oscila entre los cinco y los diez años de prisión". Por lo tanto y en el mismo sentido que opinó la fiscalía, dispusieron rechazar el pedido y mantener a Suris privado de su libertad en la Unidad Penal 19.

Mientras tanto, seguirá abierto a prueba en el Tribunal Oral, el proceso iniciado a partir de la emisión y comercialización de facturas apócrifas y en el que se hallan involucradas en total seis personas. Para ese debate, cuya instrucción llevó cinco años y la fijación de fecha para el juicio fue pedida hace casi un año, la defensa oficial ofreció doscientos treinta y siete testigos, muchos de ellos notorios actores de la política nacional y la defensora oficial coadyuvante ciento diecinueve. Por su parte, el defensor federal de Cámara propuso ocho, la defensa particular del corredor deportivo Juan Pipkin catorce, mientras que la acusación y la querella, a su turno, propusieron, respectivamente, treinta y tres y ciento dos testigos más para el juicio. 

 

 

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Báez y Facturas Truchas: Causa Local a Buenos Aires

  • Escrito por Gabriel Bermúdez

El juez federal de Bahía Blanca Walter López Da Silva se declaró hoy incompetente para seguir investigando una causa que involucra a Lázaro y Martín Báez y empresarios locales con una asociación ilícita fiscal presuntamente montada sobre la base de la confección de facturas apócrifas y que habría contribuído a una millonaria evasión fiscal por parte de Austral Construcciones, empresa insignia del grupo del empresario patagónico.  Según el magistrado, hay conexidad entre ese expediente, el 104521/2014 abierto a instancias de actuaciones internas de la AFIP y la causa 3017/2013 que sigue su par del juzgado 7 de Capital Federal Sebastián Casanello, contra el empresario patagónico y otras personas, por encubrimiento. Como anticipó Solo Local a comienzos de mes, era inminente una decisión de López Da Silva al respecto y también sobre otra causa que involucra al ex titular de la Administraciòn Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray. También en este caso, el juez se declaró hoy incompetente, como se detallará en próximas ediciones.

Para el juez Casanello, los hechos que se investigan en Bahía Blanca y que involucran a los grupos empresarios bahienses Ficcadenti, Ferreyra y Pedraza constituyen el delito precedente, requisito indispensable para avanzar en su acusación y procesamiento contra Báez, su hijo Martín y otras personas más, por la acusación de lavado de dinero.  Sostiene López Da Silva que ambas pesquisas "se superponen y resultan conexas, pues el hecho investigado -el lavado de dinero ilícito obtenido de los delitos tributarios reseñados y también de la sobrefacturación de la obra pública- resulta el mismo". Agrega el juez en la resolución tomada este viernes que en este caso "corresponde priorizar la jurisdicción de quién ha prevenido (en referencia a Casanello) puesto esto es lo que aconseja, además, la mejor y más pronta administración de justicia".

López Da Silva cita a Casanello al vincular "el ilícito precedente (los delitos tributarios indicados analizados en esta pesquisa) y el hecho de lavado que se imputa a Lázaro Báez (y sus consortes de la causa 3017/2013)". Menciona que de las pruebas recolectadas en el expediente "se puede advertir que el abonado telefónico (cita un número con prefijo 02966), que sería utilizado por Lázaro Báez, habría mantenido, entre el 30 de octubre del año 2012 al 28 de diciembre del mismo año, período en el cual habría ingresado el dinero a SGI (la financiera antes conocida como La Rosadita), aproximadamente unas 28 comunicaciones telefónicas con gente de su entorno que, en función del impacto de las antenas de sus celulares, se encontraban en la ciudad de Bahía Blanca". A partir de allí, concluye el titular del juzgado federal 1 que la causa 10451/2015 "tiene por objeto la pesquisa de delitos tributarios que en definitiva habría generado parte del dinero cuyo lavado dio lugar a la causa 3017/2013". En ese orden de ideas, agrega que resulta notorio "que los tipos penales que se atribuyen a los aquí imputados (asociación ilícita fiscal y lavado de dinero) no pueden escindirse de los hechos investigados por el juez capitalino en el marco de referida causa 3017/2013, pues la envergadura económica del ilícito que se atribuye allí a Lázaro Báez y el resto de los imputados, sumada a la estrecha vinculación que se advierte con las maniobras ilícitas desplegadas en esta jurisdicción, aconsejas que las acciones que aquí se ventilan, insisto, sean objeto de pesquisa de manera conjunta". Así fundamenta el giro de las actuaciones al juzgado de Casanello, aunque no deja de realizar afirmaciones concluyentes sobre la presunta responsabilidad de los involucrados, en función de las pruebas recogidas. 

Al darle vista a la fiscalía para que se expidiera sobre la cuestión de competencia a fines del año pasado, el fiscal Antonio Castaño, como reveló Solo Local, se había pronunciado a favor de que la causa 10451/2015 se siguiera instruyendo en Bahía Blanca y en tal sentido ya había pedido la declaración indagatoria para Lázaro y Martín Báez, ocho empresarios, entre los Ficcadenti, Ferreyra y Pedraza y el contador Rogelio Chanquía. No se descarta entonces que ahora el fiscal apele la declaración de incompetencia de López Da Silva ante la Cámara Federal, lo que podrá hacer hasta el jueves próximo.

Ejemplos de presuntos vínculos entre las empresas bahienses y el grupo Báez

López Da Silva cita que entre el material secuestrado, hay copias de un contrato de locación de obra entre Terrafari S.A. (del grupo Ficcadenti) y Austral Construcciones (del grupo Báez), una planilla con detalle de facturas A que directamente tiene la anotación "Facturas Apócrifas" y "Báez", entre otros; planillas de facturas de compra y documentación varia de distintas obras realizadas en la provincia de Santa Cruz, resultando Austral Construcciones cliente de Constructora Patagónica S.A. (del grupo Ferreyra) y de Ferreyra Constructora Vial S.A. por varios millones de pesos; cheques de Austral Construcciones entregados a Calvento S.A. (del grupo Ficcadenti) y Constructora Patagónica y listados de saldos de proveedores de esta última; Calvento, Grupo Penta y Cía S.A. (ambas del grupo Ficcadenti), entre otros.

"Destaco además la existencia de un correo electrónico hallado entre el material de caja 48 de Constructora Patagónica S.A. al estudio contable donde se mencionan saldos de Acreedores Vs Calvento S.A. por $ 334.296, en que el estudio pregunta si "son verdaderos o truchos?" lo que denota además las interrelaciones entre las empresas investigadas" dice el juez. 

Si bien gira las actuaciones a Casanello, López Da Silva avanza sobre la responsabilidad de todos los involucrados, a partir de las pruebas que hay recolectadas en el expediente, que progresó durante el período de subrogancia del juez Santiago Ulpiano Martínez pero quedó estancado durante los seis meses de actuación de su sucesor, Alejo Ramos Padilla. En otro tramo de la resolución, se lee. "Es elocuente en tal sentido el informe realizado por la AFIP (que es querellante en la causa) pues el mismo da cuenta exacta de la íntima correlación existente entre las maniobras ilícitas desplegadas en la jurisdicción federal capitalina por el Grupo Báez (Austral Construcciones S.A.) y los hechos que se habrían verificado en esta ciudad por las empresas indicadas supra (Grupo Penta y Cìa, Calvento y Terrafari; Constructora Patagónica y Ferreyra Constructora Vial; e Iberoamericana de Servicios y presuntamente también por Rogelio Chanquía, por medio de la firma Mining Services, tal como lo demuestra la profusa documentación secuestrada al comienzo de este expediente)".

Al final de la resolución, López Da Silva pide que se agregue copia de esta resolución al expediente 5987/2016 caratulado: "Echegaray, Ricardo Daniel y s/Averiguación de delito", en el que se investiga la posible comisión de un delito de acción pública, presunto cobro de una coima, por parte del ex funcionario. Al respecto, adelantamos que el juez, como se advierte al pie de la foto que ilustra esta nota, también se declaró incompetente en este tema y propuso devolver el expediente al juez Casanello. Los detalles de esa resolución, en una próxima publicación. 

 
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