Sospechosas Ventas de Acciones Complican a Caputo

  • Escrito por Gabriel Bermúdez

El ministro de Finanzas Luis Caputo está en la mira de la justicia, junto a otros integrantes del Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del ANSES, por los delitos de negociaciones incompatibles y defraudación a la administración pública. En parte de la investigación judicial, promovida por dos diputados nacionales, aparecen involucradas dos empresas del área industrial petroquímica de Bahía Blanca que hace poco cambiaron de bandera: Unipar Indupa (ex Solvay) y Pampa Energía, dueña de los activos que tenía Petrobras en Argentina. Por la venta de las acciones de ambas compañías que el Estado poseía en el FGS, el erario público habría perdido millones de pesos. En el marco de la publicación de numerosos artículos periodísticos a partir de la mega filtración de documentos denominada Paradise Papers y en la que participó Sandra Crucianelli, creadora de Solo Local, a Caputo se lo vincula con la administración de un fondo de inversión radicado en las islas Caymán.

En una de las causas aludidas, impulsada por el diputado Rodolfo Tailhade (Frente Para la Victoria) se apunta a la venta de acciones de Indupa a la firma brasileña Unipar Carboclor, que anteriormente había comprado el paquete mayoritario de la compañía a la belga Solvay. Aquella primera adquisición, del 70 por ciento de la firma, en mayo de 2016, se había cerrado a un valor por acción de $ 0,8741 y por un total superior a los U$S 202 millones. Tras el acuerdo, la cotización de la acción de Indupa fue cerrada luego de que llegara a los $ 3,09. Por el resto del paquete, 30 por ciento, Unipar realizó una OPA (Oferta Pública de Adquisición) a los accionistas de Indupa (entre ellos el FGS) a un valor de $ 2,42, lo que fue rechazado por inequitativo por la Comisión Nacional de Valores. Tras ello, la acción volvió a cotizar y dos semanas después Unipar realizó una nueva OPA, pero a un precio mayor: $3,47 por acción. La CNV lo aceptó, aunque lo hizo seis meses después, período durante el cual, el papel de Indupa siguió subiendo y llegó a los $ 3,72. Dos días antes del cierre, ya en febrero de este año, ANSES aceptó vender sus acciones, al valor ofrecido de $3,42, esto es, $ 0,30 menos por acción, de acuerdo al valor máximo que había alcanzado el papel en la cotización. 

Según Tailhade, que presentó su demanda en abril pasado, el perjuicio al Estado, y en particular a los jubilados, porque el FGS fue creado para respaldar los futuros pagos previsionales, sería de unos 20 millones de pesos. A una cifra aproximada llega la Unidad Fiscal Especializada en delitos relacionados a la Seguridad Social (UFISES) que estimó en mayo el daño económico en U$S 1.168.052 en su dictamen.  Sin embargo, si se sigue la evolución de la cotización posterior de la acción de Indupa a lo largo del año, la pérdida sería mucho mayor. Al cierre del viernes pasado, el valor de cada papel de la compañía era de $ 8,6 luego de tocar un máximo en las últimas 252 ruedas de 8,69, según muestra este cuadro. Allí también puede verse que el promedio de cotización en 2017 está por encima de los $ 4. En setiembre pasado, Indupa fue noticia porque solo a la mitad de ese mes, su cotización se había disparado a un 60 por ciento e incluso había subido un 22 en una sola jornada.

 

En el horizonte, aparecen la ex Petrobras y la sombra de Odebrecht. 

A la demanda de Tailhade, que denuncia también la presunta venta perjudicial de un bono de la Empresa Provinclal de Energía de Córdoba que poseía el FGS, se le suma una presentación de su par Victoria Donda (Libres del Sur). Además de apuntar sobre el caso Unipar, pone en la mira la venta del 12 por ciento de acciones que el FGS poseía en Petrobras y que pasaron a manos del grupo Pampa Energía, comprador a fines de 2015, de los activos de la petrolera estatal brasileña en el país. El argumento de Donda es similar, en cuanto a una presunta entrega de los papeles a un valor menor, en este caso, no al de cotización, sino al que ofrecían dos competidores de Marcelo Mindlin, CEO de Pampa Energía, que resultó finalmente el elegido para quedarse con esas acciones. 

Por ambas demandas, el juez Claudio Bonadió ordenó allanamientos en mayo pasado, que fueron informados por nota de Unipar Indupa a la Comisión Nacional de Valores. Al titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional 11, la UFISES le sugirió, por un lado, profundizar, a través de algunas medidas de prueba, la línea investigativa a fin de determinar posibles perjuicios sobre los recursos que componen el FGS. Por otro lado, le pidió que se investigue una posible vinculación entre el grupo Unipar y el gigante Odebrecht, perseguido en Brasil y varios países de América por el pago de sobornos. Según la UFISES, en el año 2011, la sociedad Unipar Comercial & Distribuidora S.A fue vendida en un 100 por ciento a Braskem S.A., empresa controlada por Odebrecht. Antes de la compra final a Solvay por parte de Unipar, Braskem había avanzado en conversaciones para quedarse con el mismo negocio. 

 

 

 

 

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