Facturas Truchas para Báez: Define la Cámara

  • Escrito por Gabriel Bermúdez

 

La fiscalía general ante la Cámara Federal de Bahía Blanca se pronunció a favor de que se siga investigando en la ciudad la presunta asociación ilícita fiscal entre Lázaro Báez, su hijo Martin y una decena de empresarios bahienses, en torno a la emisión y comercialización de facturas apócrifas. De esa manera, se expidió el fiscal Alejandro Cantaro sobre la controversia de competencia que separa a los jueces Sebastián Casanello (titular del Juzgado Federal 7 de la Capital Federal, a la izquierda de la foto) y Walter López Da Silva (a cargo del Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca, a la derecha de la foto). La palabra final sobre el futuro de esa investigación, clave para avanzar en la acusación por lavado de dinero contra el empresario patagónico, si es que no hay futuras apelaciones, la tendrá la Cámara Federal bahiense que podría expedirse antes del inicio de la próxima feria judicial. 

En febrero pasado, como anticipó Solo Local y contra la opinión del fiscal de primera instancia Antonio Castaño, López Da Silva se declaró incompetente para seguir con la instrucción de la causa 10.451/2014, que involucra a los Báez con las familias Ficcadenti, Ferreyra y Pedraza, por considerar que ese expediente tiene conexidad con la causa 3017/2013 que dirige Casanello. Tras esa decisión, el juez bahiense le giró las actuaciones a su par capitalino, quien se las devolvió sin más demoras. Al intervenir la Cámara, por apelación del abogado de Báez y la propia negativa de Casanello, le requirió opinión a Cantaro quien esta misma semana, coincidió con Castaño y agregó nueva argumentación, para que la investigación, iniciada en esta ciudad, continúe y culmine aquí. 

"La declaración de incompetencia debe hallarse precedida de una adecuada pesquisa, tendiente a determinar concretamente en qué figura delictiva encuadra el hecho denunciado, para lo cual debe contener la individualización de aquellos sobre los cuales versa y las calificaciones que le pueden ser atribuídas, pues solo respecto de un delito concreto cabe analizar la facultad de investigación de uno u otro juez" argumenta Cantaro. Tiene en cuenta que en esa causa, ninguno de los imputados todavía ha sido llamado a declaración indagatoria, pese a la solicitud realizada hace meses por la fiscalía y aún existen dudas sobre el rol que habrían tenido los Báez en la presunta comisión del delito. Liderar una asociación ilícita fiscal los pondría, necesariamente, por encima de la organización, lejos de ser, a través de su empresa insignia, Austral Construcciones, meros compradores y usufructuadores de las facturas apócrifas atribuidas a Grupo Penta S.A., Terrafari y Calvento (Ficcadenti), Constructora Patagónica S.A. (Ferreyra) e Iberoamericana de Servicios (Pedraza). "De lo que puede colegirse legítimamente que para el juzgador (léase López Da Silva), no hay motivo bastante para sospechar que los imputados hayan participado en la comisión del delito tributario y sin embargo declina su competencia en favor del juez que investiga a Báez por el lavado subsecuente al delito precedente" observa el fiscal general.  Ahora, deberá opinar la cámara bahiense, que ya en marzo pasado, rechazó un pedido de nulidad presentado por Báez, contra la decisión de López Da Silva.

Para Casanello, el delito que se le atribuye en Bahía Blanca a Báez, liderar una asociación ilícita fiscal, es el precedente necesario para cargar contra el empresario vinculado a los Kirchner, con la acusación por lavado de dinero desarrollada en la causa 3017/2013. No obstante esta traba en la competencia, el titular del Juzgado Federal 7 de la Capital ha avanzado con ese expediente, a punto tal que a comienzos de mes, Báez amplió su declaración indagatoria. Dos semanas atrás, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido de nulidad presentado por el abogado Maximiliano Rusconi, que asiste al empresario amigo y socio de los Kirchner. 

 

 

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