Suris y Báez, Unidos por Dos Rechazos Judiciales

  • Escrito por Gabriel Bermúdez

Ambos están presos y en vías de afrontar sendos juicios por liderar diferentes asociaciones ilícitas fiscales, montadas en base a un origen común: las facturas apócrifas. Y aunque aún no están claras las pruebas de vínculos directos entre ambos, este jueves Lázaro Báez y Juan Suris quedaron unidos por un par de resoluciones negativas a sus pretensiones de libertad. Al empresario patagónico, la Cámara Federal de Bahía Blanca le rechazó un planteo de nulidad y recurso de queja contra la decisión del juez Walter López Da Silva de girar a la Capital Federal, una causa que lo involucra junto a su hijo Martín y una decena de empresarios bahienses. Al Suris, el Tribunal Oral Federal bahiense le negó nuevamente un pedido de excarcelación, por lo que el amigo de Leonardo Fariña, un nombre que lo acerca a Báez, seguirá preso hasta que se inicie el juicio, que el TOF viene demorando desde hace más de un año.

Como anticipó Solo Local el pasado 17 de febrero, López Da Silva falló que existe conexidad entre la causa que liga a Báez con los empresarios bahienses Ficcadenti, Ferreyra y Pedraza (la número 10451/2014) y la que instruye su par Sebastián Casanello contra el amigo y socio de los Kirchner (la 3017/2013), por lo que se declaró incompetente. Para ambos jueces, los hechos que se investigaban en Bahía Blanca, la emisión y comercialización facturas apócrifas desde las firmas Grupo Penta y Cía (Ficcadenti), Constructora Patagónica Argentina (Ferreyra) e Iberoamericana de Servicios (Pedraza) hacia Austral Construcciones, de las cuales la empresa emblema del grupo Báez se habría valido para evadir al fisco, constituye el delito precedente en la pretensión de avanzar contra Lázaro por presunto lavado de dinero. Con esta maniobra que investiga Casanello, el ex empleado bancario devenido en millonario contratista del Estado, habría blanqueado los millonarios fondos recibidos a través de los presuntos sobreprecios abonados en la adjudicación de numerosas obras viales y de viviendas durante el anterior gobierno.

Pese a que en la vista se habia pronunciado a favor de la competencia del juzgado de Bahía Blanca, el fiscal Antonio Castaño no apeló la decisión de López Da Silva. Sí lo hicieron los abogados de Báez, con el pedido que este jueves los jueces Pablo Candisano Mera y Jorge Triputti coincidieron en rechazar. Para ambos magistrados, los impugnantes "no pudieron demostrar un perjuicio o afectación a garantías constitucionales (única causa invocada en la queja)" por lo que ratificaron que la causa 10451/2014 sea instruida en adelante por Casanello. El mismo destino, el juzgado federal 7 de Capital Federal, había tenido ya el expediente que involucra al ex administrador de AFIP Ricardo Echegaray, con el cierre de la oficina regional del organismo en Bahía Blanca en agosto de 2012. También en ese punto, López Da Silva se había declarado incompetente.

¿Por qué Suris seguirá preso?

Este mismo jueves, se conoció además la decisión del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca de negarle por cuarta vez a Juan Ignacio Suris la solicitud de excarcelación. El defensor oficial José Ignacio Pazos Crocitto la había fundamentado en que su defendido "se encuentra próximo a alcanzar los tres años de privación de la libertad y una posible prórroga deviene inoficiosa e ilegal". Recordó que la prisión preventiva fue dictada el 25 de marzo de 2014 y el 22 de marzo de 2016 ya se resolvió su prórroga por el término de seis meses, disponiéndose su segunda prórroga nuevamente por seis meses, el 8 de septiembre de 2016

Sin embargo, para los jueces Juan Leopoldo Velázquez, Beatriz Torterola y Luis Roberto Salas "no se vislumbra que hayan variado las razones por las cuales se prorrogó la prisión preventiva del encausado, toda vez que no surgen de la causa distintos elementos que permitan suponer que ha cesado la posibilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación". Para los magistrados la chance de que Suris libre se profugue "puede presumirse con la posible realización de un nuevo juicio en la causa FBB120000124/2012 (en la que está acusado de liderar una banda de narcotraficantes) y la amenaza de una condena en ese proceso a pena entre los 6 y los 20 años de prisión, además de la pena en expectativa en esta causa (por asociación ilícita tributaria) que oscila entre los cinco y los diez años de prisión". Por lo tanto y en el mismo sentido que opinó la fiscalía, dispusieron rechazar el pedido y mantener a Suris privado de su libertad en la Unidad Penal 19.

Mientras tanto, seguirá abierto a prueba en el Tribunal Oral, el proceso iniciado a partir de la emisión y comercialización de facturas apócrifas y en el que se hallan involucradas en total seis personas. Para ese debate, cuya instrucción llevó cinco años y la fijación de fecha para el juicio fue pedida hace casi un año, la defensa oficial ofreció doscientos treinta y siete testigos, muchos de ellos notorios actores de la política nacional y la defensora oficial coadyuvante ciento diecinueve. Por su parte, el defensor federal de Cámara propuso ocho, la defensa particular del corredor deportivo Juan Pipkin catorce, mientras que la acusación y la querella, a su turno, propusieron, respectivamente, treinta y tres y ciento dos testigos más para el juicio. 

 

 

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