Echegaray y Una Extraña Visita a la AFIP Local

  • Escrito por Gabriel Bermúdez

El cierre de la regional Bahía Blanca de la AFIP en agosto de 2012 y la presunta connivencia de funcionarios de ese organismo con una asociación ilícita fiscal montada en torno a la emisión y comercialización de facturas truchas para evadir impuestos seguirán investigándose en la Capital Federal. Así surge de la decisión tomada el viernes pasado por el juez federal Walter López Da Silva y adelantada ese mismo día por Solo Local. El magistrado se declaró incompetente para instruir la causa 5987/2016 caratulada "Echegaray, Ricardo Daniel s/averiguación de delito" en razón de la conexidad que existe con la causa 3215/2015 que instruye en Buenos Aires el juez Sebastián Casanello. El año pasado, este le giró a López Da Silva las actuaciones para determinar si en una visita a Bahía Blanca de abril de 2013, Echegaray había recibido "un sobre" por parte de un abogado. Si bien no pudo confirmar ese hecho, generó prueba coincidente con la hipótesis sobre la que trabaja Casanello y que sostiene que el traslado a Mar del Plata, en agosto de 2012, de la Regional local de la AFIP, no tuvo que ver con un conflicto gremial, sino con la intención de desarticular las fiscalizaciones que la AFIP venía realizando contra un grupo de empresarios bahienses, por la utilización de facturas apócrifas.

Ocho empleados de la AFIP local que declararon ante el juzgado bahiense coincidieron en que el cierre de la regional bahiense del organismo fue injustificada. Prácticamente todos ellos ratificaron la existencia de una reunión, en el séptimo piso del edificio de la AFIP en Bahía Blanca entre Echegaray y el abogado Leonardo Gómez Talamoni, por entonces letrado de Juan Ignacio Suris. Fue en una oficina vidriada, duró dos minutos, aunque "nadie vio que el abogado entregara algún sobre a Ricardo Echegaray o viceversa" como había declarado una testigo ante el juez Casanello en Buenos Aires. "Ni pudieron escuchar de qué hablaron" agregó el juez. 

"No obstante -agrega López Da Silva- cabe destacar que los testigos coincidieron en señalar que al tiempo de la disolución de la Dirección Regional Bahía Blanca de la AFIP, existían problemas gremiales a nivel nacional por el cambio de horario de ingreso para el desarrollo de las tareas, pero que la única Dirección Regional que se disolvió en ese contexto, fue la de Bahía Blanca". Esa afirmación de ocho empleados del organismo, da por tierra con el argumento de Echegaray, de que aquel cierre tuvo basamento en un conflicto de tipo gremial, como también lo había descartado, el entonces secretario general de la Asociación del Personal de Empleados de la DGI. Algunos señalaron que esa decisión implicó graves perjuicios para el funcionamiento del organismo y otros coincidieron en que el motivo real de la disolución "pudo ser el entorpecimiento de algunas fiscalizaciones, para encubrir determinados manejos de empresas, como las de SURIS, máxime cuando resultó clara la afectación específica del área de Investigaciones y Fiscalizaciones local" dice la resolución de López Da Silva. 

Tras citar las pruebas aportadas y la declaración tomada al periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon, cuyas publicaciones dieron inicio a la causa 10451/2014 en la que López Da Silva se declaró incompetente, el juez concluye que su trabajo y el de Casanello se superponen, por lo que decide girarle el expediente. No obstante, sostiene que "más allá de la falta de verificación de la entrega de "un sobre" por parte del abogado Leonardo Gómez Talamoni al entonces Administrador Federal de Ingresos Públicos, lo cierto es que los elementos colectados en pos de verificar esas circunstancias, no han hecho más que sumar elementos atados a la hipótesis investigativa que se sigue en la causa 3215/2015 en la que se investigan las complicidades de los funcionarios de AFIP para obstruir el avance de fiscalizaciones que avanzaban inexorablemente hacia las empresas del grupo Báez" cita López Da Silva a Casanello. Más adelante concluye: "para evitar que se descubriera la millonaria estafa tributaria que protagonizaba Austral Construcciones, perteneciente al empresario Lázaro Báez -vinculado a funcionarios del otrora gobierno nacional- desde la AFIP se resolvió entorpecer las investigaciones propias del organismo, ocultando ese designio poniendo el foco en las empresas que le habían suministrado facturación apócrifa a esa firma, en la inteligencia de que regularizando sus situaciones, podría justificarse la contabilidad tributaria de Austral; así es como entran en escena, Constructora Patagónica Argentina S.A., Calvento S.A. y Grupo Penta y Cía S.A. (y también Iberoamericana de Servicios)".

"A la luz de los testimonios obrantes... puede sostenerse a este tiempo que la disolución de la Dirección Regional Bahía Blanca de la DGI habría respondido a la finalidad de entorpecer las fiscalizaciones que se llevaban en el organismo local, en particular la de la empresa Iberoamericana de Servicios S. A. usuaria de las empresas del grupo Suris "por sumas importantes", al igual que Calvento S.A., Grupo Penta S.A. y Constructora Patagónica Argentina, estás últimas vinculadas "comercialmente" en forma estrecha con Austral Construcciones S.A." añade el juez que, como se advierte, lejos de sacarse de encima el expediente, como podría pensarse, aporta pruebas a la investigación central del juzgado 7 de la Capital Federal. "Es el doctor Sebastián Casanello quien ha prevenido en la investigación del encubrimiento de todas estas acciones y es por eso que esta causa debe continuar absorbida por aquella pues la mejor y más pronta administración de justicia así lo aconseja" falla López Da Silva. 

A diferencia de la discrepancia sobre la declaración de incompetencia del juez en torno a la causa en la que se investiga la asociación ilícita fiscal que une a los Báez, con los grupos Ficcadenti, Ferreyra y Pedraza, la fiscalía federal, que apelará aquella decisión, tal como fue confirmada por el fiscal Alejandro Cantaro a Radio Universidad, en este caso coincide con que la causa 5987/2016 siga siendo instruida por el juez Casanello.

 

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