Báez y Facturas Truchas: Causa Local a Buenos Aires

  • Escrito por Gabriel Bermúdez

El juez federal de Bahía Blanca Walter López Da Silva se declaró hoy incompetente para seguir investigando una causa que involucra a Lázaro y Martín Báez y empresarios locales con una asociación ilícita fiscal presuntamente montada sobre la base de la confección de facturas apócrifas y que habría contribuído a una millonaria evasión fiscal por parte de Austral Construcciones, empresa insignia del grupo del empresario patagónico.  Según el magistrado, hay conexidad entre ese expediente, el 104521/2014 abierto a instancias de actuaciones internas de la AFIP y la causa 3017/2013 que sigue su par del juzgado 7 de Capital Federal Sebastián Casanello, contra el empresario patagónico y otras personas, por encubrimiento. Como anticipó Solo Local a comienzos de mes, era inminente una decisión de López Da Silva al respecto y también sobre otra causa que involucra al ex titular de la Administraciòn Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray. También en este caso, el juez se declaró hoy incompetente, como se detallará en próximas ediciones.

Para el juez Casanello, los hechos que se investigan en Bahía Blanca y que involucran a los grupos empresarios bahienses Ficcadenti, Ferreyra y Pedraza constituyen el delito precedente, requisito indispensable para avanzar en su acusación y procesamiento contra Báez, su hijo Martín y otras personas más, por la acusación de lavado de dinero.  Sostiene López Da Silva que ambas pesquisas "se superponen y resultan conexas, pues el hecho investigado -el lavado de dinero ilícito obtenido de los delitos tributarios reseñados y también de la sobrefacturación de la obra pública- resulta el mismo". Agrega el juez en la resolución tomada este viernes que en este caso "corresponde priorizar la jurisdicción de quién ha prevenido (en referencia a Casanello) puesto esto es lo que aconseja, además, la mejor y más pronta administración de justicia".

López Da Silva cita a Casanello al vincular "el ilícito precedente (los delitos tributarios indicados analizados en esta pesquisa) y el hecho de lavado que se imputa a Lázaro Báez (y sus consortes de la causa 3017/2013)". Menciona que de las pruebas recolectadas en el expediente "se puede advertir que el abonado telefónico (cita un número con prefijo 02966), que sería utilizado por Lázaro Báez, habría mantenido, entre el 30 de octubre del año 2012 al 28 de diciembre del mismo año, período en el cual habría ingresado el dinero a SGI (la financiera antes conocida como La Rosadita), aproximadamente unas 28 comunicaciones telefónicas con gente de su entorno que, en función del impacto de las antenas de sus celulares, se encontraban en la ciudad de Bahía Blanca". A partir de allí, concluye el titular del juzgado federal 1 que la causa 10451/2015 "tiene por objeto la pesquisa de delitos tributarios que en definitiva habría generado parte del dinero cuyo lavado dio lugar a la causa 3017/2013". En ese orden de ideas, agrega que resulta notorio "que los tipos penales que se atribuyen a los aquí imputados (asociación ilícita fiscal y lavado de dinero) no pueden escindirse de los hechos investigados por el juez capitalino en el marco de referida causa 3017/2013, pues la envergadura económica del ilícito que se atribuye allí a Lázaro Báez y el resto de los imputados, sumada a la estrecha vinculación que se advierte con las maniobras ilícitas desplegadas en esta jurisdicción, aconsejas que las acciones que aquí se ventilan, insisto, sean objeto de pesquisa de manera conjunta". Así fundamenta el giro de las actuaciones al juzgado de Casanello, aunque no deja de realizar afirmaciones concluyentes sobre la presunta responsabilidad de los involucrados, en función de las pruebas recogidas. 

Al darle vista a la fiscalía para que se expidiera sobre la cuestión de competencia a fines del año pasado, el fiscal Antonio Castaño, como reveló Solo Local, se había pronunciado a favor de que la causa 10451/2015 se siguiera instruyendo en Bahía Blanca y en tal sentido ya había pedido la declaración indagatoria para Lázaro y Martín Báez, ocho empresarios, entre los Ficcadenti, Ferreyra y Pedraza y el contador Rogelio Chanquía. No se descarta entonces que ahora el fiscal apele la declaración de incompetencia de López Da Silva ante la Cámara Federal, lo que podrá hacer hasta el jueves próximo.

Ejemplos de presuntos vínculos entre las empresas bahienses y el grupo Báez

López Da Silva cita que entre el material secuestrado, hay copias de un contrato de locación de obra entre Terrafari S.A. (del grupo Ficcadenti) y Austral Construcciones (del grupo Báez), una planilla con detalle de facturas A que directamente tiene la anotación "Facturas Apócrifas" y "Báez", entre otros; planillas de facturas de compra y documentación varia de distintas obras realizadas en la provincia de Santa Cruz, resultando Austral Construcciones cliente de Constructora Patagónica S.A. (del grupo Ferreyra) y de Ferreyra Constructora Vial S.A. por varios millones de pesos; cheques de Austral Construcciones entregados a Calvento S.A. (del grupo Ficcadenti) y Constructora Patagónica y listados de saldos de proveedores de esta última; Calvento, Grupo Penta y Cía S.A. (ambas del grupo Ficcadenti), entre otros.

"Destaco además la existencia de un correo electrónico hallado entre el material de caja 48 de Constructora Patagónica S.A. al estudio contable donde se mencionan saldos de Acreedores Vs Calvento S.A. por $ 334.296, en que el estudio pregunta si "son verdaderos o truchos?" lo que denota además las interrelaciones entre las empresas investigadas" dice el juez. 

Si bien gira las actuaciones a Casanello, López Da Silva avanza sobre la responsabilidad de todos los involucrados, a partir de las pruebas que hay recolectadas en el expediente, que progresó durante el período de subrogancia del juez Santiago Ulpiano Martínez pero quedó estancado durante los seis meses de actuación de su sucesor, Alejo Ramos Padilla. En otro tramo de la resolución, se lee. "Es elocuente en tal sentido el informe realizado por la AFIP (que es querellante en la causa) pues el mismo da cuenta exacta de la íntima correlación existente entre las maniobras ilícitas desplegadas en la jurisdicción federal capitalina por el Grupo Báez (Austral Construcciones S.A.) y los hechos que se habrían verificado en esta ciudad por las empresas indicadas supra (Grupo Penta y Cìa, Calvento y Terrafari; Constructora Patagónica y Ferreyra Constructora Vial; e Iberoamericana de Servicios y presuntamente también por Rogelio Chanquía, por medio de la firma Mining Services, tal como lo demuestra la profusa documentación secuestrada al comienzo de este expediente)".

Al final de la resolución, López Da Silva pide que se agregue copia de esta resolución al expediente 5987/2016 caratulado: "Echegaray, Ricardo Daniel y s/Averiguación de delito", en el que se investiga la posible comisión de un delito de acción pública, presunto cobro de una coima, por parte del ex funcionario. Al respecto, adelantamos que el juez, como se advierte al pie de la foto que ilustra esta nota, también se declaró incompetente en este tema y propuso devolver el expediente al juez Casanello. Los detalles de esa resolución, en una próxima publicación. 

 
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