Tras la Feria, Definiciones sobre Báez y Echegaray

  • Escrito por Gabriel Bermúdez

Entre las varias cuestiones que le aguardan resolver tras su regreso de la feria judicial, hay dos que sobresalen en el despacho del juez federal 1 de Bahía Blanca. Y que estuvieron a punto de ser resueltas por Walter López Da Silva antes del receso que finalizó el martes. Una parece tener un destino ya irreversible, como el retorno a la Capital Federal de la causa en la que se investiga al ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos Ricardo Echegaray por el cierre de la Regional Bahía Blanca de la AFIP en agosto de 2012. La otra, un expediente clave que puede complicar a Lázaro Báez y en el que la AFIP es querellante, no tiene aún un destino cierto de resolución.

Empecemos por la segunda. Se trata de la definición de competencia en torno a la causa 10451/2014 en la que se investiga por presunta asociación ilícita fiscal, entre otros, a los empresarios bahienses Silvio, Franco y Enzo Ficcadenti y José Antonio Ferreyra.  La justicia federal trata de establecer si con sus empresas Calvento, Terrafari, Grupo Penta y Constructora Patagónica permitieron, a través de facturación apócrifa, que la firma Austral Construcciones, nave insignia del empresario patagónico ligado a los Kirchner, incurriera en una millonaria evasión fiscal, que habría ocultado sobreprecios en la obra pública. En caso de comprobarse, podría constituirse en el delito precedente para que el juez Sebastián Casanello avance con la acusación por lavado de dinero contra Báez y su hijo a quienes investiga en la causa 3215/2015. Ahora surge el interrogante: el rol de los empresarios bahienses ¿debe ser investigado por Casanello o por López Da Silva?

A criterio del fiscal 1 de Bahía Blanca Antonio Castaño no hay tal duda: “corresponde continuar entendiendo en estos autos al juzgado federal 1 de Bahía Blanca” respondió el representante del ministerio público en la vista que le dio López Da Silva a fines de diciembre pasado. Lo hizo basándose en que el propio Casanello afirmó que en las actuaciones que él lleva “no se investigan los delitos tributarios que habrían sido llevados a cabo por las empresas de Bahía Blanca y la firma Austral Construcciones S.A. Si López Da Silva concuerda con Castaño, el próximo paso sería la citación a declaración indagatoria a Lázaro y Martín Báez, la de los ocho empresarios y el contador Rogelio Chanquía, solicitada por Castaño en agosto pasado y prevista, en principio, para la segunda mitad de febrero.

En esa vista, Castaño recordó que aún debe definir si imputa a funcionarios de AFIP por “encubrimiento, obstrucción de las fiscalizaciones y demás ilícitos que sean comprobados en relación a las empresas que forman parte de la asociación ilícita tributaria bahiense”. De todos modos, para el fiscal bahiense, el rol de los agentes de la AFIP ya puede considerarse clave para el funcionamiento de la presunta asociación ilícita. Concluye que si bien aún quedan pendientes auditorías e informes finales sobre la actuación de esos agentes, “sí se ha advertido la connivencia por acción y omisión del organismo recaudador, el que manifiestamente facilitó la estructuración de la banda delictiva de autos.

Este punto, la connivencia de la que habla Castaño entre la AFIP y los empresarios investigados por emitir y comercializar facturas truchas y facilitar, con su circulación, a la millonaria evasión que se le atribuye a Austral Construcciones, lleva a la segunda cuestión que debe resolver López Da Silva en los próximos días: cuál fue, en ese contexto, el rol de Echegaray que en agosto de 2012 y en forma intempestiva, decidió el cierre de la Regional Bahía Blanca de la AFIP. Era allí donde las auditorías internas ya habían encendido luces de alerta sobre la conducta de los Ficcadenti y Ferreyra con montos millonarios en facturación apócrifa. En su momento, Echegaray atribuyó el traslado de la Regional a Mar del Plata a un conflicto gremial, lo que fue negado por uno de los representantes de la Asociación del Personal de la AFIP-DGI bahiense.

El argumento que queda es la sospecha de que el cierre y posterior traslado de la dependencia fueron funcionales al no avance de las actuaciones administrativas contra los empresarios bahienses. A criterio de Castaño, la conducta del polémico ex administrador debe ser analizada por el juez Casanello, quien el año pasado desprendió ese expediente y lo envió a Bahía Blanca para ser tramitado aquí. Ahora, el juez bahiense debe resolver si es competente para instruirlo o lo devuelve a Casanello. “Es cuestión de días”, aseguran en Alsina 317, la sede del juzgado federal bahiense.  Ambas cuestiones sobre las que debe resolver López Da Silva, surgen de un requerimiento que, apenas asumió en el cargo en noviembre pasado, el juez le envió a su colega Casanello para determinar si la investigación debía unificarse por razones de economía procesal o podrían continuar en forma complementaria en ambos juzgados.

 

 

0
0
0
s2sdefault
Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.