Caso Suris por Drogas. Argumentos del nuevo juicio

  • Escrito por Gabriel Bermúdez

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En un rotundo respaldo a la instrucción llevada adelante por el ex juez federal subrogante Santiago Ulpiano Martinez, la Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo que absolvió a Juan Ignacio Suris por liderar una banda de narcotraficantes. Por decisión unánime, los jueces avalaron las intervenciones telefónicas dispuestas en la causa y que el Tribunal Oral en lo Criminal de Bahía Blanca había considerado nulas, por intromisorias. En la resolución tomada el jueves pasado,  la sala 3 de Casación considera “inexplicable” la utilización que los jueces Juan Leopoldo Velázquez y Beatriz Torterola hicieron de un caso fallado por la Corte, conocido como Quaranta, para absolver a Suris y una decena de personas más. “Ponen en evidencia cuanto menos desidia para resolver y juzgar un caso de gravedad como el que nos ocupa” cuestionaron los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani, quienes ordenaron la convocatoria a un nuevo juicio, sin la participación de Velázquez (al centro en la foto) y de Torterola como así tampoco de Raúl Fernández Orozco (a la izquierda), quien había fallado en disidencia.

Estamos en condiciones de afirmar que el sub examine (por el caso Suris) lejos se encuentra de poder asimilarse al caso “Quaranta”, indebidamente invocado” explica la Cámara en la parte medular del fallo. En relación con ese antecedente, destacan que no fue un llamado anónimo lo que motorizara el inicio de la causa, “sino que fue una persona debidamente individualizada, concretamente un funcionario policial, Subdirector de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas (D.D.I.T.D.I.) de Bahía Blanca, con más de veintidós años de antigüedad en la repartición en ese entonces… Nos referimos al Subcomisario Diego Fernando Díaz Aguirre”.

Otra diferencia con el caso Quaranta, es que en esa oportunidad, el juez instructor había ordenado la diligencia de intervención telefónica, sin ningún elemento más allá del llamado anónimo, que justificara la intromisión. “Contrariamente, en el caso que nos ocupa, el juez actuante ordenó, como primera medida, profundizar la investigación y recién casi dos meses después, y tras haberse avanzado en la pesquisa, se dispuso las intervenciones telefónicas cuestionadas” destaca sobre la actuación de Ulpiano Martínez. Agrega que a raíz de las tareas investigativas que realizó el personal policial, se pudo determinar que era Juan Ignacio Suris quien se encontraría a cargo de la comercialización de estupefacientes a gran escala, siendo Guillermo Martín Suris su hermano y hombre de confianza.

A esta altura del razonamiento, queda por demás evidenciado que la medida intrusiva dispuesta lejos estuvo de obedecer a una decisión antojadiza e inmotivada del magistrado instructor” dicen los jueces de Casación sobre el proceder del juez de Bahía Blanca, a quien avalaron sin vueltas. “El juez instructor obró de conformidad a lo normado en los preceptos legales que rigen el curso del proceso, y prestando la debida atención a los estándares fijados tanto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como los establecidos por ésta Sala” fallaron.

Al analizar los argumentos utilizados por Velázquez y Torterola (que habían cuestionado el accionar de Martínez en su voto) para decidir la absolución, los jueces capitalinos concluyen: “de manera inexplicable los magistrados de la instancia anterior aplicaron indebidamente al caso el precedente “Quaranta” de la Corte Suprema, cuyas circunstancias -como hemos visto- no guardan ningún tipo de relación, semejanza o parangón con aquellas que rodean a las presentes actuaciones”. Además, con su actitud  “ponen en evidencia cuanto menos desidia para resolver y juzgar un caso de gravedad como el que nos ocupa; a la par que revelan las perjudiciales consecuencias que este tipo de falencias procesales pueden provocar al tejido social cuando se produce una equívoca aplicación del derecho vigente y, en consecuencia, se beneficia indebidamente a un grupo organizado de personas presuntamente vinculadas al flagelo del comercio de estupefacientes” destaca Riggi y avalan los otros dos jueces.  En la breve fundamentación de su voto, la jueza Catucci considera que “de la simple lectura del fallo recurrido revela la ausencia de motivos razonables para llegar a la solución que se ataca, falencia que revela un apartamiento de lo dispuesto en el artículo 123 del Código Procesal Penal y del 398 de ese mismo cuerpo legal”.

En consecuencia, en las próximas semanas deberá constituirse un nuevo tribunal para juzgar a Suris y los otros procesados, Gustavo Rodolfo Sequeira, Fernando Alexis Bond Stork, Guillermo Martín Suris, Sandro Cristian Miranda, Juan Ramón Romero Miranda, Yolanda Corina Jiménez, Tamara Brasilina Jiménez, Aníbal Mario Arce, Ezequiel Norberto Ferrari Reynoso y Martín Cruz Ocampos.

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