Acusados Por Trata de Personas

  • Escrito por Gabriel Bermúdez, 24 de agosto de 2015

AMMAR

Sin clientes, no hay trata. Detrás de ese lema, está el espíritu de varias iniciativas lanzadas para cortar el vínculo que existe entre la prostitución, su promoción y el aprovechamiento económico por parte de las redes que someten a mujeres bajo un régimen de cautiverio. El caso de la ordenanza sancionada hace cuatro meses por el Concejo Deliberante y promulgada días atrás por el municipio de Bahía Blanca es el ejemplo más reciente. Al cruce de esa conexión directa entre aquellos extremos, salió la Asociación Mujeres Meretrices de la Répública Argentina que reivindica como una fuente laboral digna, mientras se realice en un contexto protegido y con derechos reconocidos, que las mujeres ofrezcan su cuerpo a cambio de dinero. La entidad, agrupada dentro de la Central de los Trabajadores Argentinos, reiteró que las medidas legislativas, como la impulsada por unanimidad en nuestra ciudad, "no resuelven el problema de la Trata de personas con fines de explotacion sexual". Bajo esta acusación agravada llegaron días atrás a juicio dos hombres que regenteaban un bar nocturno en Tornquist donde trabajaban varias mujeres paraguayas. Sin embargo, lejos de recibir la pena de hasta 8 años de prisión que establece la ley para ese delito, salieron en libertad, aunque con una condena menor, por la promoción o facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el país. El fallo fue emitido el pasado 14 de este mes por el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca con la firma de los jueces Juan Leopoldo Velázquez, Raúl Fernández Orozco y Beatriz Torterola.

Fue la propia fiscal del Tribunal, Cristina Manghera, la que al iniciar el debate, discrepó con la acusación por trata de personas agravada contra ambos acusados con la que el caso llegó a juicio, más de 4 años después de que la AFIP y la Dirección Nacional de Migraciones realizaran un procedimiento junto a la Gendarmería en el bar Casablanca. Entre sus argumentos, la fiscal remarcó que los testimonios de las presuntas víctimas "no mencionan forma alguna de violencia, amenaza, intimidación o abuso de autoridad. Tampoco sus relatos refieren ninguna situación de engaño para realizar el trabajo ofrecido ni para viajar al país para cumplir tal cometido". 

La necesidad económica y la falta de oportunidades en su propio país, fueron el denominador común de sus testimonios.

"En efecto, M.R.B. afirmó que en el local trabajaba tomando copas y teniendo relaciones sexuales con los clientes a lo que no era obligada, para luego repartirse las ganancias con el encargado del local y concretamente expresa que vino por necesidad, por necesidad de ganar dinero para mantener a sus hijas y pagar sus cosas. Por su parte, G.M.A.M. se expidió en similares términos y relató que vino a Argentina porque en Paraguay no tenía trabajo, era agricultora y no le alcanzaba el dinero para vivir y que sus dos hijos quedaron al cuidado de su mamá. F.G.V. manifestó que trabajaba en "Casa Blanca" tomando copas con los clientes y haciendo pases y que vino a este país porque en Paraguay no hay trabajo. Agregó que tiene tres hijos que están con su mamá, porque su marido la abandonó hace dos años. En el mismo sentido se expidieron L.M.D.A. quien subrayó que vino por dinero y A.N.D.A. quien detalló que su arribo se motivó en la necesidad de ganar más pues en Paraguay trabajaba de doméstica y era nula la ganancia que obtenía, que repartía las utilidades que obtenía por mitades con el encargado del "boliche", detallando que éste les guardaba el dinero que los clientes les daban, porque le tenían confianza y se lo entregaba cada ocho días. Por último, la testigo S.T.G. además de exponer una versión coincidente con lo relatado por las restantes trabajadoras, adicionó que ninguna de sus compañeras de trabajo formuló queja alguna por su trabajo ni manifestó que quisieran regresar a su país de origen" puede leerse en el fallo.

Al ser halladas, las mujeres relataron que llevaban de 3 a 9 días en el local y destacaron el buen trato recibido por parte de quienes oficiaban de empleadores que, en ningún momento, se quedaron con sus documentos de identidad. Tres de ellas, habían llegado allí desde otro local, clausurado unos días antes en Coronel Suárez y cinco de ellas se encontraban en el país en situación de "residente transitorio turista" según constacó Migraciones. El allanamiento se realizó el 2 de julio de 2011 y uno de los acusados fue capturado recién más de dos años después en Neuquén.

En base a esos testimonios y los informes de los organismos nacionales que intervinieron en el caso, el Tribunal Oral Federal condenó a los dos acusados a tres años de prisión en suspenso como coautores penalmente responsables del delito de promoción o facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el territorio de la República Argentina, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio, en su modalidad agravada y desechó la acusación más grave de trata de personas agravada. El monto de la pena determinó que quedan en libertad y deban someterse durante un año al régimen del patronato de liberados, además abstenerse de usar estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas.

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