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Echegaray y Una Extraña Visita a la AFIP Local

  • Escrito por Gabriel Bermúdez

El cierre de la regional Bahía Blanca de la AFIP en agosto de 2012 y la presunta connivencia de funcionarios de ese organismo con una asociación ilícita fiscal montada en torno a la emisión y comercialización de facturas truchas para evadir impuestos seguirán investigándose en la Capital Federal. Así surge de la decisión tomada el viernes pasado por el juez federal Walter López Da Silva y adelantada ese mismo día por Solo Local. El magistrado se declaró incompetente para instruir la causa 5987/2016 caratulada "Echegaray, Ricardo Daniel s/averiguación de delito" en razón de la conexidad que existe con la causa 3215/2015 que instruye en Buenos Aires el juez Sebastián Casanello. El año pasado, este le giró a López Da Silva las actuaciones para determinar si en una visita a Bahía Blanca de abril de 2013, Echegaray había recibido "un sobre" por parte de un abogado. Si bien no pudo confirmar ese hecho, generó prueba coincidente con la hipótesis sobre la que trabaja Casanello y que sostiene que el traslado a Mar del Plata, en agosto de 2012, de la Regional local de la AFIP, no tuvo que ver con un conflicto gremial, sino con la intención de desarticular las fiscalizaciones que la AFIP venía realizando contra un grupo de empresarios bahienses, por la utilización de facturas apócrifas.

Ocho empleados de la AFIP local que declararon ante el juzgado bahiense coincidieron en que el cierre de la regional bahiense del organismo fue injustificada. Prácticamente todos ellos ratificaron la existencia de una reunión, en el séptimo piso del edificio de la AFIP en Bahía Blanca entre Echegaray y el abogado Leonardo Gómez Talamoni, por entonces letrado de Juan Ignacio Suris. Fue en una oficina vidriada, duró dos minutos, aunque "nadie vio que el abogado entregara algún sobre a Ricardo Echegaray o viceversa" como había declarado una testigo ante el juez Casanello en Buenos Aires. "Ni pudieron escuchar de qué hablaron" agregó el juez. 

"No obstante -agrega López Da Silva- cabe destacar que los testigos coincidieron en señalar que al tiempo de la disolución de la Dirección Regional Bahía Blanca de la AFIP, existían problemas gremiales a nivel nacional por el cambio de horario de ingreso para el desarrollo de las tareas, pero que la única Dirección Regional que se disolvió en ese contexto, fue la de Bahía Blanca". Esa afirmación de ocho empleados del organismo, da por tierra con el argumento de Echegaray, de que aquel cierre tuvo basamento en un conflicto de tipo gremial, como también lo había descartado, el entonces secretario general de la Asociación del Personal de Empleados de la DGI. Algunos señalaron que esa decisión implicó graves perjuicios para el funcionamiento del organismo y otros coincidieron en que el motivo real de la disolución "pudo ser el entorpecimiento de algunas fiscalizaciones, para encubrir determinados manejos de empresas, como las de SURIS, máxime cuando resultó clara la afectación específica del área de Investigaciones y Fiscalizaciones local" dice la resolución de López Da Silva. 

Tras citar las pruebas aportadas y la declaración tomada al periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon, cuyas publicaciones dieron inicio a la causa 10451/2014 en la que López Da Silva se declaró incompetente, el juez concluye que su trabajo y el de Casanello se superponen, por lo que decide girarle el expediente. No obstante, sostiene que "más allá de la falta de verificación de la entrega de "un sobre" por parte del abogado Leonardo Gómez Talamoni al entonces Administrador Federal de Ingresos Públicos, lo cierto es que los elementos colectados en pos de verificar esas circunstancias, no han hecho más que sumar elementos atados a la hipótesis investigativa que se sigue en la causa 3215/2015 en la que se investigan las complicidades de los funcionarios de AFIP para obstruir el avance de fiscalizaciones que avanzaban inexorablemente hacia las empresas del grupo Báez" cita López Da Silva a Casanello. Más adelante concluye: "para evitar que se descubriera la millonaria estafa tributaria que protagonizaba Austral Construcciones, perteneciente al empresario Lázaro Báez -vinculado a funcionarios del otrora gobierno nacional- desde la AFIP se resolvió entorpecer las investigaciones propias del organismo, ocultando ese designio poniendo el foco en las empresas que le habían suministrado facturación apócrifa a esa firma, en la inteligencia de que regularizando sus situaciones, podría justificarse la contabilidad tributaria de Austral; así es como entran en escena, Constructora Patagónica Argentina S.A., Calvento S.A. y Grupo Penta y Cía S.A. (y también Iberoamericana de Servicios)".

"A la luz de los testimonios obrantes... puede sostenerse a este tiempo que la disolución de la Dirección Regional Bahía Blanca de la DGI habría respondido a la finalidad de entorpecer las fiscalizaciones que se llevaban en el organismo local, en particular la de la empresa Iberoamericana de Servicios S. A. usuaria de las empresas del grupo Suris "por sumas importantes", al igual que Calvento S.A., Grupo Penta S.A. y Constructora Patagónica Argentina, estás últimas vinculadas "comercialmente" en forma estrecha con Austral Construcciones S.A." añade el juez que, como se advierte, lejos de sacarse de encima el expediente, como podría pensarse, aporta pruebas a la investigación central del juzgado 7 de la Capital Federal. "Es el doctor Sebastián Casanello quien ha prevenido en la investigación del encubrimiento de todas estas acciones y es por eso que esta causa debe continuar absorbida por aquella pues la mejor y más pronta administración de justicia así lo aconseja" falla López Da Silva. 

A diferencia de la discrepancia sobre la declaración de incompetencia del juez en torno a la causa en la que se investiga la asociación ilícita fiscal que une a los Báez, con los grupos Ficcadenti, Ferreyra y Pedraza, la fiscalía federal, que apelará aquella decisión, tal como fue confirmada por el fiscal Alejandro Cantaro a Radio Universidad, en este caso coincide con que la causa 5987/2016 siga siendo instruida por el juez Casanello.

 

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Tras la Feria, Definiciones sobre Báez y Echegaray

  • Escrito por Gabriel Bermúdez

Entre las varias cuestiones que le aguardan resolver tras su regreso de la feria judicial, hay dos que sobresalen en el despacho del juez federal 1 de Bahía Blanca. Y que estuvieron a punto de ser resueltas por Walter López Da Silva antes del receso que finalizó el martes. Una parece tener un destino ya irreversible, como el retorno a la Capital Federal de la causa en la que se investiga al ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos Ricardo Echegaray por el cierre de la Regional Bahía Blanca de la AFIP en agosto de 2012. La otra, un expediente clave que puede complicar a Lázaro Báez y en el que la AFIP es querellante, no tiene aún un destino cierto de resolución.

Empecemos por la segunda. Se trata de la definición de competencia en torno a la causa 10451/2014 en la que se investiga por presunta asociación ilícita fiscal, entre otros, a los empresarios bahienses Silvio, Franco y Enzo Ficcadenti y José Antonio Ferreyra.  La justicia federal trata de establecer si con sus empresas Calvento, Terrafari, Grupo Penta y Constructora Patagónica permitieron, a través de facturación apócrifa, que la firma Austral Construcciones, nave insignia del empresario patagónico ligado a los Kirchner, incurriera en una millonaria evasión fiscal, que habría ocultado sobreprecios en la obra pública. En caso de comprobarse, podría constituirse en el delito precedente para que el juez Sebastián Casanello avance con la acusación por lavado de dinero contra Báez y su hijo a quienes investiga en la causa 3215/2015. Ahora surge el interrogante: el rol de los empresarios bahienses ¿debe ser investigado por Casanello o por López Da Silva?

A criterio del fiscal 1 de Bahía Blanca Antonio Castaño no hay tal duda: “corresponde continuar entendiendo en estos autos al juzgado federal 1 de Bahía Blanca” respondió el representante del ministerio público en la vista que le dio López Da Silva a fines de diciembre pasado. Lo hizo basándose en que el propio Casanello afirmó que en las actuaciones que él lleva “no se investigan los delitos tributarios que habrían sido llevados a cabo por las empresas de Bahía Blanca y la firma Austral Construcciones S.A. Si López Da Silva concuerda con Castaño, el próximo paso sería la citación a declaración indagatoria a Lázaro y Martín Báez, la de los ocho empresarios y el contador Rogelio Chanquía, solicitada por Castaño en agosto pasado y prevista, en principio, para la segunda mitad de febrero.

En esa vista, Castaño recordó que aún debe definir si imputa a funcionarios de AFIP por “encubrimiento, obstrucción de las fiscalizaciones y demás ilícitos que sean comprobados en relación a las empresas que forman parte de la asociación ilícita tributaria bahiense”. De todos modos, para el fiscal bahiense, el rol de los agentes de la AFIP ya puede considerarse clave para el funcionamiento de la presunta asociación ilícita. Concluye que si bien aún quedan pendientes auditorías e informes finales sobre la actuación de esos agentes, “sí se ha advertido la connivencia por acción y omisión del organismo recaudador, el que manifiestamente facilitó la estructuración de la banda delictiva de autos.

Este punto, la connivencia de la que habla Castaño entre la AFIP y los empresarios investigados por emitir y comercializar facturas truchas y facilitar, con su circulación, a la millonaria evasión que se le atribuye a Austral Construcciones, lleva a la segunda cuestión que debe resolver López Da Silva en los próximos días: cuál fue, en ese contexto, el rol de Echegaray que en agosto de 2012 y en forma intempestiva, decidió el cierre de la Regional Bahía Blanca de la AFIP. Era allí donde las auditorías internas ya habían encendido luces de alerta sobre la conducta de los Ficcadenti y Ferreyra con montos millonarios en facturación apócrifa. En su momento, Echegaray atribuyó el traslado de la Regional a Mar del Plata a un conflicto gremial, lo que fue negado por uno de los representantes de la Asociación del Personal de la AFIP-DGI bahiense.

El argumento que queda es la sospecha de que el cierre y posterior traslado de la dependencia fueron funcionales al no avance de las actuaciones administrativas contra los empresarios bahienses. A criterio de Castaño, la conducta del polémico ex administrador debe ser analizada por el juez Casanello, quien el año pasado desprendió ese expediente y lo envió a Bahía Blanca para ser tramitado aquí. Ahora, el juez bahiense debe resolver si es competente para instruirlo o lo devuelve a Casanello. “Es cuestión de días”, aseguran en Alsina 317, la sede del juzgado federal bahiense.  Ambas cuestiones sobre las que debe resolver López Da Silva, surgen de un requerimiento que, apenas asumió en el cargo en noviembre pasado, el juez le envió a su colega Casanello para determinar si la investigación debía unificarse por razones de economía procesal o podrían continuar en forma complementaria en ambos juzgados.

 

 

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Báez y Facturas Truchas: Causa Local a Buenos Aires

  • Escrito por Gabriel Bermúdez

El juez federal de Bahía Blanca Walter López Da Silva se declaró hoy incompetente para seguir investigando una causa que involucra a Lázaro y Martín Báez y empresarios locales con una asociación ilícita fiscal presuntamente montada sobre la base de la confección de facturas apócrifas y que habría contribuído a una millonaria evasión fiscal por parte de Austral Construcciones, empresa insignia del grupo del empresario patagónico.  Según el magistrado, hay conexidad entre ese expediente, el 104521/2014 abierto a instancias de actuaciones internas de la AFIP y la causa 3017/2013 que sigue su par del juzgado 7 de Capital Federal Sebastián Casanello, contra el empresario patagónico y otras personas, por encubrimiento. Como anticipó Solo Local a comienzos de mes, era inminente una decisión de López Da Silva al respecto y también sobre otra causa que involucra al ex titular de la Administraciòn Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray. También en este caso, el juez se declaró hoy incompetente, como se detallará en próximas ediciones.

Para el juez Casanello, los hechos que se investigan en Bahía Blanca y que involucran a los grupos empresarios bahienses Ficcadenti, Ferreyra y Pedraza constituyen el delito precedente, requisito indispensable para avanzar en su acusación y procesamiento contra Báez, su hijo Martín y otras personas más, por la acusación de lavado de dinero.  Sostiene López Da Silva que ambas pesquisas "se superponen y resultan conexas, pues el hecho investigado -el lavado de dinero ilícito obtenido de los delitos tributarios reseñados y también de la sobrefacturación de la obra pública- resulta el mismo". Agrega el juez en la resolución tomada este viernes que en este caso "corresponde priorizar la jurisdicción de quién ha prevenido (en referencia a Casanello) puesto esto es lo que aconseja, además, la mejor y más pronta administración de justicia".

López Da Silva cita a Casanello al vincular "el ilícito precedente (los delitos tributarios indicados analizados en esta pesquisa) y el hecho de lavado que se imputa a Lázaro Báez (y sus consortes de la causa 3017/2013)". Menciona que de las pruebas recolectadas en el expediente "se puede advertir que el abonado telefónico (cita un número con prefijo 02966), que sería utilizado por Lázaro Báez, habría mantenido, entre el 30 de octubre del año 2012 al 28 de diciembre del mismo año, período en el cual habría ingresado el dinero a SGI (la financiera antes conocida como La Rosadita), aproximadamente unas 28 comunicaciones telefónicas con gente de su entorno que, en función del impacto de las antenas de sus celulares, se encontraban en la ciudad de Bahía Blanca". A partir de allí, concluye el titular del juzgado federal 1 que la causa 10451/2015 "tiene por objeto la pesquisa de delitos tributarios que en definitiva habría generado parte del dinero cuyo lavado dio lugar a la causa 3017/2013". En ese orden de ideas, agrega que resulta notorio "que los tipos penales que se atribuyen a los aquí imputados (asociación ilícita fiscal y lavado de dinero) no pueden escindirse de los hechos investigados por el juez capitalino en el marco de referida causa 3017/2013, pues la envergadura económica del ilícito que se atribuye allí a Lázaro Báez y el resto de los imputados, sumada a la estrecha vinculación que se advierte con las maniobras ilícitas desplegadas en esta jurisdicción, aconsejas que las acciones que aquí se ventilan, insisto, sean objeto de pesquisa de manera conjunta". Así fundamenta el giro de las actuaciones al juzgado de Casanello, aunque no deja de realizar afirmaciones concluyentes sobre la presunta responsabilidad de los involucrados, en función de las pruebas recogidas. 

Al darle vista a la fiscalía para que se expidiera sobre la cuestión de competencia a fines del año pasado, el fiscal Antonio Castaño, como reveló Solo Local, se había pronunciado a favor de que la causa 10451/2015 se siguiera instruyendo en Bahía Blanca y en tal sentido ya había pedido la declaración indagatoria para Lázaro y Martín Báez, ocho empresarios, entre los Ficcadenti, Ferreyra y Pedraza y el contador Rogelio Chanquía. No se descarta entonces que ahora el fiscal apele la declaración de incompetencia de López Da Silva ante la Cámara Federal, lo que podrá hacer hasta el jueves próximo.

Ejemplos de presuntos vínculos entre las empresas bahienses y el grupo Báez

López Da Silva cita que entre el material secuestrado, hay copias de un contrato de locación de obra entre Terrafari S.A. (del grupo Ficcadenti) y Austral Construcciones (del grupo Báez), una planilla con detalle de facturas A que directamente tiene la anotación "Facturas Apócrifas" y "Báez", entre otros; planillas de facturas de compra y documentación varia de distintas obras realizadas en la provincia de Santa Cruz, resultando Austral Construcciones cliente de Constructora Patagónica S.A. (del grupo Ferreyra) y de Ferreyra Constructora Vial S.A. por varios millones de pesos; cheques de Austral Construcciones entregados a Calvento S.A. (del grupo Ficcadenti) y Constructora Patagónica y listados de saldos de proveedores de esta última; Calvento, Grupo Penta y Cía S.A. (ambas del grupo Ficcadenti), entre otros.

"Destaco además la existencia de un correo electrónico hallado entre el material de caja 48 de Constructora Patagónica S.A. al estudio contable donde se mencionan saldos de Acreedores Vs Calvento S.A. por $ 334.296, en que el estudio pregunta si "son verdaderos o truchos?" lo que denota además las interrelaciones entre las empresas investigadas" dice el juez. 

Si bien gira las actuaciones a Casanello, López Da Silva avanza sobre la responsabilidad de todos los involucrados, a partir de las pruebas que hay recolectadas en el expediente, que progresó durante el período de subrogancia del juez Santiago Ulpiano Martínez pero quedó estancado durante los seis meses de actuación de su sucesor, Alejo Ramos Padilla. En otro tramo de la resolución, se lee. "Es elocuente en tal sentido el informe realizado por la AFIP (que es querellante en la causa) pues el mismo da cuenta exacta de la íntima correlación existente entre las maniobras ilícitas desplegadas en la jurisdicción federal capitalina por el Grupo Báez (Austral Construcciones S.A.) y los hechos que se habrían verificado en esta ciudad por las empresas indicadas supra (Grupo Penta y Cìa, Calvento y Terrafari; Constructora Patagónica y Ferreyra Constructora Vial; e Iberoamericana de Servicios y presuntamente también por Rogelio Chanquía, por medio de la firma Mining Services, tal como lo demuestra la profusa documentación secuestrada al comienzo de este expediente)".

Al final de la resolución, López Da Silva pide que se agregue copia de esta resolución al expediente 5987/2016 caratulado: "Echegaray, Ricardo Daniel y s/Averiguación de delito", en el que se investiga la posible comisión de un delito de acción pública, presunto cobro de una coima, por parte del ex funcionario. Al respecto, adelantamos que el juez, como se advierte al pie de la foto que ilustra esta nota, también se declaró incompetente en este tema y propuso devolver el expediente al juez Casanello. Los detalles de esa resolución, en una próxima publicación. 

 
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SUBE: Llega Tarde a un Sistema Ineficiente

  • Escrito por Gabriel Bermúdez

Con dos semanas de atraso respecto del plazo concedido desde Nación, finalmente el Sistema Único de Boleto Electrónico llegó a Bahía Blanca. En una resolución del ministerio nacional de Transportes, publicada el 6 de enero, se establecía que el municipio bahiense tenía plazo hasta el último día de 2016 para comenzar con su implementación. Mientras el propio sitio web de SUBE afirma erróneamente que está operativo desde el 2 de enero, recién desde el pasado lunes 16 se puede viajar en micro con el nuevo plástico que llegó para reemplazar a la Tarjeta Urbana. Aunque por ahora solo están habilitados a usarlo quienes lo hayan recibido en forma gratuita (apenas un 10 por ciento del universo de pasajeros) y los pocos que lo hayan conseguido por fuera de ese reparto oficial. Un artículo de investigación de dos docentes de la Universidad Nacional del Sur, de reciente publicación, demuestra que el inicio de esta transición (se espera que ambas tarjetas convivan por un plazo máximo de 90 días) ocurre cuando el sistema local de transporte está lejos de exhibir niveles óptimos de eficiencia.

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Ofrecen Nuevo Puerto de GNL en Ría Bahiense

  • Escrito por Gabriel Bermúdez

"Enarsa planea emitir una solicitud de propuestas para el contrato de arrendamiento a medio plazo de una unidad de almacenamiento y regasificación flotante (FSRU) en Puerto Rosales, cerca del centro existente en Bahía Blanca, a partir de 2018, para mantener el ritmo de la creciente demanda de Gas Natural Licuado". Así comienza el despacho publicado este lunes por Argus Media, en el que se afirma que la compañía estatal, creada por el gobierno anterior, aun trabaja en los detalles de la propuesta, que sería dada a conocer en forma oficial dentro de un mes. Citando como fuente a un ejecutivo de la compañía, el sitio, que tiene sede en Londres y se especializa en mercados globales de Energía, agrega que Enarsa "está llevando a cabo un proceso de licitación por separado para un contrato de 10 años, para la construcción, operación y mantenimiento de la terminal de GNL, incluyendo la construcción de unos 40 km de tubería de gas natural, el puesto de atraque para el terminal de GNL e instalaciones complementarias". 

Adelanta la publicación que en el futuro, la unidad podria ser utilizada para la licuefacción, en alusión al potencial de la Argentina para exportar el gas de esquisto, o shale gas. En otra publicación especializada, destacan que la terminal serviría entonces a futuro para la salida por el puerto rosaleño de la producción gasífera del yacimiento de Vaca Muerta.  Ambos despachos periodísticos coinciden en que el proyecto de Enarsa tendría la meta de sustituir la actual operación en el muelle de Compañia Mega, cuyo contrato firmado con YPF vence el año próximo, por el nuevo emplazamiento, administrado en forma total por la compañía estatal, con un convenio de arrendamiento que duraría siete años, con una posible extensión a otros siete.  La invitación del gobierno argentino a manifestar interés por la construcción de la futura terminal ya se puede consultar en el sitio oficial de Enarsa

Menciona Argus Media que la segunda terminal regasificadora habilitada por Argentina en Escobar en 2011 solo permite recibir cargas pequeñas o parciales y recuerda que inicialmente el gobierno argentino recurrió a la regasificación en 2008 como una solución a corto plazo, para la escasez del suministro de gas en el país. Sin embargo, el proceso se consolidó año a año y en 2016, se recibieron 77 cargamentos. 

Al mismo tiempo que en 2011 comenzaba a operar Escobar, en Bahía Blanca se lanzaba un proyecto impulsado por Enarsa e YPF para instalar una terminal regasificadora en Puerto Cuatreros, en la zona final del estuario. La fuerte oposición de entidades ambientalistas, vecinales y científicas, entre las que sobresalieron la del Instituto Argentino de Oceanografía, la del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur y un grupo de estudio de la facultad regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, hizo que la iniciativa no prosperara.  Otras voces igual de críticas, por el avance sobre una vasta zona de humedales que hubiera significado el dragado hasta Cuatreros, se oyeron durante la agitada audiencia pública realizada en General Cerri

Por ese mismo año, trascendió que Enarsa impulsaba la instalación de una terminal regasificadora en Puerto Rosales, en asociación con la petrolera venezolana PDVSA, algo que finalmente tampoco se concretó. Una de las ventajas que presentaba el sitio ubicado cerca de Punta Alta, era su calado natural, que evitaría la dañina remoción de sedimentos que acarrea todo dragado. 

 

 

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Más Crecimiento, Menos Calidad de Vida

  • Escrito por Sandra Crucianelli




Siempre nos dicen que el crecimiento de la ciudad es bueno; que es positivo el incremento de las construcciones así como el de la producción industrial. Aunque en algunos aspectos esto es así, en otros trae efectos no deseados, por ejemplo, en los cambios del clima, ya que ha quedado comprobado que en los últimos años los bahienses vivimos en una ciudad menos confortable. Un estudio académico que compara el clima de la ciudad entre 1985 y 2014, titulado "Modificaciones en la distribución espacial de la temperatura y la humedad relativa como resultado del crecimiento urbano", demostró que el aumento del área urbana y de las actividades industriales en los últimos años, modificó la distribución de la temperatura y la humedad, como también la situación de confort de sus habitantes.

"Con una superficie de 52 km2 aproximadamente, en el verano de 1985, el centro de la ciudad fue más cálido que las zonas periféricas. La zona más confortable fue la costera y las diferencias de temperatura dentro de la ciudad no superaron los 5 ◦C durante las mediciones diurnas. En 2014, con más de 110 km2 de zona construida, las diferencias en la distribución térmica fueron más marcadas. En el centro de la ciudad se presentaron las temperaturas más altas y las zonas más confortables fueron las periféricas y los parques. Las temperaturas de 2014 fueron levemente más elevadas que las de 1985. Por ello, el índice de temperatura aparente en el último año mostró a la ciudad en el rango de desconfort durante todo el día. Evidentemente el crecimiento de las edificaciones y el incremento de la población de esta ciudad durante los últimos 30 años generaron cambios en la atmósfera urbana. Los mismos modificaron la distribución espacial de la temperatura y la humedad relativa y con ello aumentó el desconfort de ciudadanos y turistas", sostiene el estudio, publicado en abril de este año por los investigadores de la UNS y del Instituto Argentino de Oceanografía, Dres. Federico Ferrelli, María Luján Bustos y María Cintia Piccolo, en la Revista de Climatología. 

Según el documento, más construcciones y más producción industrial impactaron en la atmósfera local afectando la confortabilidad y la calidad de vida de la población. 

Algunas conclusiones del estudio pueden resumirse de la siguiente forma: 

A pesar de ser una ciudad costera, la circulación atmosférica de Bahía Blanca presenta características continentales

A nivel local, el proceso de urbanización y la ausencia de vegetación alteran la distribución espacial de la humedad relativa.

La energía que se desprende de los edificios durante la noche ocasiona una fuente artificial de calor que da como resultado la formación de islas de calor. 

En esta ciudad son escasas las plazas y los espacios con importante vegetación: 6 por ciento del total del área urbana. 

El crecimiento de la ciudad de Bahía Blanca fue continuado a lo largo del período analizado. En 1986, la ciudad tenía una extensión de 52 kilómetros cuadrados de zona urbanizada.

En el año 2014 se observó un incremento del área urbana de un 110 por ciento, es decir, 111 kilómetros cuadrados.  

El mayor crecimiento fue en dirección norte y sudeste.

Se demostró que el crecimiento urbano de la ciudad experimentado durante los últimos 30 años repercutió en un aumento de la temperatura del aire y una reducción de la humedad relativa, del 6 por ciento 

Además las ráfagas máximas del viento decrecieron 3,6 kilómetros por hora.

La importancia del incremento de la urbanización es que se generan cambios en el gradiente térmico que pueden afectar el confort de los residentes.

La población de Bahía Blanca también aumentó. En 1980 la ciudad tenía 234.047 habitantes. El aumento registrado entre 1980 y 2010 fue de 67.484 habitantes. El mayor crecimiento inter-censal se observó entre 1980 y 1991 con 16 por ciento: 272.191 habitantes.

En los dos últimos censos de 2001 y 2010, el aumento fue inferior al 6 por ciento.

El incremento medio fue de 2.250 habitantes por año mientras que el crecimiento edilicio fue de 1,9 kilómetros cuadrado por año.

Los cambios entre ambas mediciones fueron consecuencia del aumento de la superficie construida que afectó a la distribución espacial de la temperatura del aire. Por un lado, el aumento de las edificaciones generó mayor retención del calor. Por otro, el tamaño de la ciudad alteró el comportamiento térmico

Mientras que en el verano de 1985 Bahía Blanca presentó una zona con temperaturas confortables en la zona costera durante todo el período de muestreo, en 2014 la situación fue diferente. Durante la mañana toda la superficie de la ciudad se presentó dentro del rango de temperatura confortable. A la hora de la máxima temperatura, la ciudad mostró un área superior al 99 por ciento de su cobertura con algún desconfort. 

El desconfort se relaciona con la salud al considerar aquellas áreas que son climáticamente estresantes para la población, sobre todo para los grupos de mayor vulnerabilidad, como son los ancianos y los niños.

En la noche se observaron las mayores diferencias en el confort urbano. La medición de la sensación térmica permitió establecer que el 59 por ciento de la población estuvo dentro del rango de algún desconfort.

Si quiere leer y/o descargar el estudio académico completo, haga clic aquí. 

Foto: Gustavo Lobos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Juicio Oral contra Banda Narco-Policial

  • Escrito por Gabriel Bermúdez

Este viernes, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca comenzará a juzgar a siete personas, cinco hombres y dos mujeres, por el delito de comercialización interjurisdiccional de estupefacientes. La banda liderada por Mauricio Gastón Larriaga, operaba entre Mar del Plata y Viedma, con base operacional y de distribución en nuestra ciudad, según se lee en la requisitoria de elevación a juicio. La investigación comenzó aquí hace seis años y tomó impulso a partir de otra causa abierta en la justicia federal de Río Negro. Entre ambas causas, se logró la incautación de más de 5 kilos de cocaína y 20 de marihuana, además de diversos elementos vinculados con la comercialización que forman parte de la prueba. También hay numerosas escuchas telefónicas entre los imputados.

Se comprobó que Mauricio Gastón Larriaga, comandaba una red de tráfico de estupefacientes, con base en dos relaciones amorosas con mujeres de su confianza, Mariana Loustaunau en Mar del Plata y Patricia Weintzettel en Bahía Blanca” dice la elevación a juicio oral solicitada el año pasado por el fiscal Antonio Castaño. El circuito de comercialización se completaba con diversos punteros distribuidores en Bahía Blanca, Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Viedma, Carmen de Patagones, entre los que se encuentran Marcelo Jonatan Coronado, Cristian Daniel Silva, alias “el chileno” y Fernando Daniel Sandoval, alias “el Piki”. La banda “contaba con el apoyo logístico, de transporte y de protección del numerario policial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con funciones en Mar del Plata, Luis Martin Pradas” agrega el documento judicial.

Agrega que en el circuito comercial “se pudo determinar que la mercadería era comprada por el mismo Larriaga en Mar del Plata o en las cercanías de la Capital Federal y era transportada a la ciudad de Bahia Blanca (centro operativo de destino y distribución), de manera semanal”. Desde aquí, era distribuida por más de diez punteros a la región. “Luego, Larriaga realizaba la recolección de las remesas de dinero resultante de la fructífera venta de narcóticos” sostiene el fiscal, que en el juicio estará representado por el fiscal general Alejandro Cantaro, en lugar de la fiscal del tribunal, María Cristina Manghera.  

Después de tres años de investigación a nivel local, fue el impulso dado por la justicia federal de Río Negro el que culminó con la detención, en la madrugada del 5 al 6 de septiembre de 2014, en un operativo realizado en la ruta, de Larriaga, Weintzettel y Pradas, a quienes les secuestraron más de 4 kilos de cocaína, poco más de 2 kilos de clorhidrato de cocaína y otros elementos. En el domicilio de Coronado en Coronel Vidal al 1300, se hallaron más de 20 kilos de marihuana. En setiembre pasado, el Tribunal Oral Federal prorrogó por seis meses la prisión preventiva de Larriaga, para que llegue preso al juicio oral. 

Larriaga, resultó indiscutiblemente líder de la banda de narcotráfico, por su actitud organizativa, la concreción de las compras y negociación de precios, aprobando entregas, trasladándose a diversos puntos del país a los efectos de proveerse o abastecer, y resultando punto de contacto principal entre los imputados” afirma Castaño. “Se trataba de una banda bien organizada, con gran poder adquisitivo e intervención en una amplia región interprovincial… Se constató gran manipulación de dinero, de autos de alta gama de importante valor económico, otros negocios ilícitos adyacentes como ser el de automotores “mellizos” y manejo a gran escala de estupefacientes” añade.

Sobre el rol del policía Pradas, autorizado para recurrir a Casación por el Tribunal Oral Federal en setiembre pasado, Castaño afirma que se lo nombra en diversas conversaciones telefónicas y en otras directamente intenta proveerse de estupefacientes. Para el Juzgado Federal de Viedma, la participación de Pradas “resultó necesaria porque su presencia en el rodado como agente policial podría aventar la gestión de sus colegas en caso de insistir en inoportunas requisas e intercepciones”. Añade la acusación fiscal que Pradas “colaboraba en el negocio ilegal en Mar del Plata y además, lo acompañaba valiéndose de su investidura de funcionario policial a fin de “protegerlo” y transportar así libremente los estupefacientes al centro operativo bahiense".

Nexo con un ex periodista y funcionario judicial de Bahía Blanca

Al momento de abrirse la investigación en febrero de 2011, Larriaga ya contaba con antecedentes judiciales que lo vinculaban con el narcotráfico. Uno de ellos se sustanciaba en la justicia federal de Necochea, donde permanecían secuestradas en custodia dos armas vinculadas al expediente abierto allí. En octubre de 2010, ambas desaparecieron en el marco de un gran escándalo ya que del mismo depósito, faltaron nada menos que 6,347 kilos de clorhidrato de cocaína y dinero. Según publicó la prensa necochense, el único que poseía llave de la caja de seguridad donde se guardaban todos los elementos era el secretario penal del juzgado, César Ruben Lisa, un ex empleado de los tribunales bahienses y también ex periodista del diario La Nueva Provincia.

Por el hecho, a Lisa se le abrió un sumario administrativo que culminó con su cesantía dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2013. Al mismo tiempo, se abrió una causa penal federal por la que tuvo que declarar recién a mediados del año pasado. No obstante ese antecedente, gracias a sus contactos políticos, en 2014, fue designado asesor de la comisión de Seguridad de la Legislatura provincial.

 

 

 

 

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Más Pruebas de la Contaminación del Estuario (1)

  • Escrito por Gabriel Bermúdez

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Con una fuerte crítica a la jueza Gabriela Marrón y los jueces de la Cámara local, Casación dispuso la semana pasada que la causa por la contaminación del estuario de Bahía Blanca y los peces que allí viven siga en el fuero federal. Los magistrados de la Sala I coincidieron en que no se puede descartar la interjurisdiccionalidad del daño ambiental denunciado por la Asociación de Pescadores Artesanales, en una demanda que alcanza a varias empresas del polo petroquímico y dos ex funcionarios. En un reciente trabajo, presentado como tesis para un doctorado en Biología en la Universidad Nacional del Sur, se reafirma el hallazgo de metales pesados como mercurio, cobre y cromo en esas aguas por encima de los límites máximos establecidos a nivel internacional. Remarca que las concentraciones de esos metales y de otros como hierro, cadmio y manganeso fueron mayores a la de estudios anteriores y concluye que varios tipos de peces que allí habitan “sirven como bioindicadores de los niveles de metales en el mismo estuario” lo que reafirma la gravedad del fenómeno, en cuanto a la afectación de la producción ictícola del sector.

La denuncia fue presentada por los abogados Lucas Omar Beier y Luis Osvaldo Arellano, en representación de los pescadores artesanales Ricardo Luis Pasquali y Pablo Alejandro Bustos y contra los miembros del directorio de PBB POLISUR S.A., su controlante DOW QUÍMICA ARGENTINA S.A., SOLVAY INDUPA S.A.I.C., PROFERTIL S.A.. COMPAÑÍA MEGA S.A., PETROBRAS ARGENTINA S.A., Transportadora del Gas del Sur S.A. y OILTANKING EBYTEM S.A. Se los acusa por la posible comisión de los delitos de contaminación dolosa con residuos peligrosos de la atmósfera, el agua y el suelo (arts. 55, 56 y 57 de la ley 24.051, de Residuos Peligrosos) y adulteración peligrosa para la salud de sustancias alimenticias (frutos de la pesca) y aguas subterráneas potables (art. 200 del Código Penal). Además, la denuncia alcanza también a Eduardo Conghos, subsecretario de Gestión Ambiental de la municipalidad de Bahía Blanca y José Manuel Molina, ex director ejecutivo del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, por considerarlos cómplices necesarios de los delitos citados y por la comisión de los delitos de encubrimiento (art. 277 del C.P.) y violación de los deberes de funcionario público (art. 248 del C.P.).

En mayo del año pasado, la jueza Marrón, titular del Juzgado Federal 2, declaró la incompetencia del fuero federal para entender en el tema. Para el juez de Casación Mariano Borinsky, Marrón “omitió realizar un análisis acabado y actualizado de los informes ambientales desarrollados en el marco de la presente investigación penal”. Tales estudios “evidencian los elevados niveles de metales en el hígado y músculo de los peces característicos del estuario de Bahía Blanca (especies saraquita, pescadilla común, tiburón, gatuzo, lenguado y corvina rubia), que cumplen con sus respectivos circuitos migratorios (en algunas especies, desde Río de Janeiro, República Federativa Brasil, hasta la Patagonia argentina, pasando por Bahía Blanca)”. Además, según el ministerio público fiscal, “de los estudios agregados a la causa se desprende que el agua en Bahía Blanca, canal conductor de estos peces a través de la cual se trasladan, presenta índices elevados de cadmio, zinc, mercurio e hidrocarburos, contaminación que se extiende a otras provincias a través de los cauces”.

Por otro lado, la fiscalía cita las conclusiones del estudio de tecnología alimentaria realizado por el ingeniero químico José María Quintana. De allí se desprenden “altos valores de metales pesados (cadmio, plomo, arsénico y mercurio) en los organismos estudiados (camarón y langostino), por lo que se concluye: detección de metales pesados disueltos en agua de mar, indicadores de ingresos recientes al sistema ya que estos compuestos metálicos son efímeros, de desplazamiento rápido a partículas en suspensión y sedimentos. Acumulación de metales pesados e hidrocarburos de petróleo en los sedimentos de la zona interior del estuario. Acumulación de metales pesados en tejidos de músculo de pescado de especies capturadas en el estuario”.

Para la jueza de Casación Ana María Figueroa, la declaración de incompetencia, dictada por Marrón y avalada luego por los camaristas bahienses carece de fundamentación y fue apresurada. “En el actual estado en que se encuentra la producción de prueba en estas actuaciones, resulta prematura la decisión confirmada por la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, en cuanto ha asignado competencia a la justicia local a los fines de conocer en la presente causa” sostiene la magistrada en su voto, en la misma línea que Borinsky y el restante juez, Gustavo Hornos.

Más pruebas sobre la contaminación del estuario

En la resolución de Casación, está citada como testigo en la causa la doctora Sandra Elizabeth Botté, quien se desempeña en el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO). Convocada por la fiscalía, explicó que a partir de los estudios realizados mediante la toma de muestras de sedimentos y de agua en el estuario de Bahía Blanca “se han detectado valores altos de contaminación”. La investigadora dividió los metales estudiados entre esenciales y no esenciales. “Los esenciales son requeridos para el metabolismo por los seres vivos. Los no esenciales son los que no son requeridos para el metabolismo de los seres vivos; dentro de ellos, el mercurio, cadmio, plomo y cromo, son tóxicos per se, sin importar el nivel de concentración. Los esenciales deben superar un cierto nivel para llegar a ser tóxicos, dependiendo éste de cada ser vivo” explicó la especialista.

Precisamente Botté fue directora de la tesis de doctorado en Biología que Noelia Soledad La Colla presentó el año pasado y que recientemente ha sido publicada en la web. El objetivo general de la tesis fue evaluar los niveles de varios metales en tejidos de especies ictícolas del estuario de Bahía Blanca y evaluar su utilidad como indicadores del potencial riesgo en el ambiente, así como para la salud humana.  Las especies analizadas fueron, saraca (Brevoortia aurea), pejerrey (Odontesthes argentinensis), corvina rubia (Micropogonias furnieri), pescadilla de red (Cynoscion guatucupa), gatuzo (Mustelus Schmitti) y lenguado (Paralichthys orbignyanus).

La tesis concluye que algunas de esas especies “sirven como bioindicadores de los niveles de metales” en el mismo estuario. Además, da cuenta del hallazgo en tomas de agua del mismo sitio, de niveles de mercurio, cobre y cromo “que superaron, en algunas mediciones, los límites máximos establecidos por normas de calidad ambiental internacional”, destaca. Agrega que las concentraciones de cobre y manganeso en la fracción particulada, de cromo en la fracción disuelta y de hierro y cadmio en ambas fracciones, fueron superiores a los trabajos previos para el mismo sistema costero. “Por lo tanto, las actividades antrópicas que se desarrollan en las inmediaciones del estuario, así como los ríos, arroyos y efluentes que descargan en el estuario deberían ser especialmente considerados ya que estarían actuando como una probable fuente de metales para el sistema estuarino” remarca La Colla. Además de los metales mencionados, en las seis especies ictícolas estudiadas, también se estudió la presencia de nitrógeno, plomo y zinc.

 

 

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Acerca del Rol del Estado Municipal: "Tauro era el que Marcaba la Cancha"

  • Escrito por Luis Alberto Cano

Se llamaba Tauro. Me quedó grabado ese nombre. Vivía con su familia detrás de la tribuna oficial que, obviamente, era de madera. Se entraba por una puerta de caño y alambre, pintada de verde por supuesto. A la izquierda de esa puerta ,su casa y a la derecha la secretaría y la cantina. Eran tiempos en los que Pacífico tenía la esquina que lo identificaba: Castelli y Charlone. Andando el tiempo, uno se vino a enterar que una de sus hijas fue víctima de la dictadura. Fue de esos personajes que formaron parte de la niñez y de la adolescencia y que por lo tanto no se olvidan. Forman parte de la película individual de nuestras vidas. Era el canchero.

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Empresario Bahiense en la Denuncia de Carrió

  • Escrito por Gabriel Bermúdez

ELIAS MOYANOLa diputada nacional de la Coalición Cívica Elisa Carrió presentó este jueves ante la justicia de la Capital Federal pruebas sobre una presunta operación de inteligencia contra el desplazado director nacional de Aduanas Juan José Gómez Centurión. Vinculó su salida forzada, dispuesta por el presidente Mauricio Macri, tras conocerse una denuncia anónima, “con la actuación del funcionario en pos de terminar con negocios vinculados con el contrabando, el tráfico de efedrina, la financiación ilegal de la política y negocios vinculados con el negocio del fútbol”.En su presentación ante la fiscalía del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4  hay varias menciones para el empresario bahiense y actual vicepresidente de la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB), Gustavo Fabián Elías.

La primera de ellas es indirecta, ya que lo menciona como tío de Néstor Hernán Elías, a quien vincula con otros dos socios, Sergio Gustavo González y Nicanor Fermín Llermanos, en la propiedad de la firma Diqxsa S.A. Con relación a González, Carrió lo define como “mano derecha” del ex administrador federal de Ingresos Públicos Ricardo Echegaray y sostiene que desde julio de 2013, a través de la firma RSI, estuvo a cargo de la colocación de precintos electrónicos en el depósito fiscal Logisport S.A, por decisión de la propia AFIP. Aporta además otros supuestos vínculos de González con el ex funcionario recientemente desplazado de la Auditoría General de la Nacion.

“La familia Elías y la familia Llermanos constituyeron la sociedad IVETRA SA” cita también Carrió en la denuncia y agrega que su finalidad “era recaudar para montar en el puerto de Buenos Aires una red de servicios para los camioneros”. Este mismo jueves, en una nota que publica el diario Clarín, se da cuenta de la reciente decisión de la Administración General de Puertos de terminar con el servicio que prestaba Ivetra y al que califica como un “peaje”. Sobre esa empresa, el periodista Matías Longoni afirma que siempre "se la vinculó con el líder de la CGT y del gremio de los camioneros Hugo Moyano”, aunque asegura que el presidente original de esa sociedad “fue el ex juez y abogado del gremio Daniel Llermanos”. Y agrega: “también tallaba fuerte Gustavo Fabián “El Turco” Elías, un empresario muy cercano a quien hasta hace días fue el líder de la CGT”. Añade que la influencia directa del líder sindical en ese negocio duró por lo menos hasta octubre de 2012. Aunque fuentes de la UIBB aseguraron a Frente a Cano que Elias se desligó de Ivetra hace 5 años, la ratificación de su cesación al cargo de presidente recién fue publicada en el Boletín Oficial el 6 de noviembre de 2014, aunque su salida data del 4 de octubre de 2012, de acuerdo con la publicación del 17 de setiembre de 2014.

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