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Suris y Báez, Unidos por Dos Rechazos Judiciales

  • Escrito por Gabriel Bermúdez

Ambos están presos y en vías de afrontar sendos juicios por liderar diferentes asociaciones ilícitas fiscales, montadas en base a un origen común: las facturas apócrifas. Y aunque aún no están claras las pruebas de vínculos directos entre ambos, este jueves Lázaro Báez y Juan Suris quedaron unidos por un par de resoluciones negativas a sus pretensiones de libertad. Al empresario patagónico, la Cámara Federal de Bahía Blanca le rechazó un planteo de nulidad y recurso de queja contra la decisión del juez Walter López Da Silva de girar a la Capital Federal, una causa que lo involucra junto a su hijo Martín y una decena de empresarios bahienses. Al Suris, el Tribunal Oral Federal bahiense le negó nuevamente un pedido de excarcelación, por lo que el amigo de Leonardo Fariña, un nombre que lo acerca a Báez, seguirá preso hasta que se inicie el juicio, que el TOF viene demorando desde hace más de un año.

Como anticipó Solo Local el pasado 17 de febrero, López Da Silva falló que existe conexidad entre la causa que liga a Báez con los empresarios bahienses Ficcadenti, Ferreyra y Pedraza (la número 10451/2014) y la que instruye su par Sebastián Casanello contra el amigo y socio de los Kirchner (la 3017/2013), por lo que se declaró incompetente. Para ambos jueces, los hechos que se investigaban en Bahía Blanca, la emisión y comercialización facturas apócrifas desde las firmas Grupo Penta y Cía (Ficcadenti), Constructora Patagónica Argentina (Ferreyra) e Iberoamericana de Servicios (Pedraza) hacia Austral Construcciones, de las cuales la empresa emblema del grupo Báez se habría valido para evadir al fisco, constituye el delito precedente en la pretensión de avanzar contra Lázaro por presunto lavado de dinero. Con esta maniobra que investiga Casanello, el ex empleado bancario devenido en millonario contratista del Estado, habría blanqueado los millonarios fondos recibidos a través de los presuntos sobreprecios abonados en la adjudicación de numerosas obras viales y de viviendas durante el anterior gobierno.

Pese a que en la vista se habia pronunciado a favor de la competencia del juzgado de Bahía Blanca, el fiscal Antonio Castaño no apeló la decisión de López Da Silva. Sí lo hicieron los abogados de Báez, con el pedido que este jueves los jueces Pablo Candisano Mera y Jorge Triputti coincidieron en rechazar. Para ambos magistrados, los impugnantes "no pudieron demostrar un perjuicio o afectación a garantías constitucionales (única causa invocada en la queja)" por lo que ratificaron que la causa 10451/2014 sea instruida en adelante por Casanello. El mismo destino, el juzgado federal 7 de Capital Federal, había tenido ya el expediente que involucra al ex administrador de AFIP Ricardo Echegaray, con el cierre de la oficina regional del organismo en Bahía Blanca en agosto de 2012. También en ese punto, López Da Silva se había declarado incompetente.

¿Por qué Suris seguirá preso?

Este mismo jueves, se conoció además la decisión del Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca de negarle por cuarta vez a Juan Ignacio Suris la solicitud de excarcelación. El defensor oficial José Ignacio Pazos Crocitto la había fundamentado en que su defendido "se encuentra próximo a alcanzar los tres años de privación de la libertad y una posible prórroga deviene inoficiosa e ilegal". Recordó que la prisión preventiva fue dictada el 25 de marzo de 2014 y el 22 de marzo de 2016 ya se resolvió su prórroga por el término de seis meses, disponiéndose su segunda prórroga nuevamente por seis meses, el 8 de septiembre de 2016

Sin embargo, para los jueces Juan Leopoldo Velázquez, Beatriz Torterola y Luis Roberto Salas "no se vislumbra que hayan variado las razones por las cuales se prorrogó la prisión preventiva del encausado, toda vez que no surgen de la causa distintos elementos que permitan suponer que ha cesado la posibilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación". Para los magistrados la chance de que Suris libre se profugue "puede presumirse con la posible realización de un nuevo juicio en la causa FBB120000124/2012 (en la que está acusado de liderar una banda de narcotraficantes) y la amenaza de una condena en ese proceso a pena entre los 6 y los 20 años de prisión, además de la pena en expectativa en esta causa (por asociación ilícita tributaria) que oscila entre los cinco y los diez años de prisión". Por lo tanto y en el mismo sentido que opinó la fiscalía, dispusieron rechazar el pedido y mantener a Suris privado de su libertad en la Unidad Penal 19.

Mientras tanto, seguirá abierto a prueba en el Tribunal Oral, el proceso iniciado a partir de la emisión y comercialización de facturas apócrifas y en el que se hallan involucradas en total seis personas. Para ese debate, cuya instrucción llevó cinco años y la fijación de fecha para el juicio fue pedida hace casi un año, la defensa oficial ofreció doscientos treinta y siete testigos, muchos de ellos notorios actores de la política nacional y la defensora oficial coadyuvante ciento diecinueve. Por su parte, el defensor federal de Cámara propuso ocho, la defensa particular del corredor deportivo Juan Pipkin catorce, mientras que la acusación y la querella, a su turno, propusieron, respectivamente, treinta y tres y ciento dos testigos más para el juicio. 

 

 

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Báez y Facturas Truchas: Causa Local a Buenos Aires

  • Escrito por Gabriel Bermúdez

El juez federal de Bahía Blanca Walter López Da Silva se declaró hoy incompetente para seguir investigando una causa que involucra a Lázaro y Martín Báez y empresarios locales con una asociación ilícita fiscal presuntamente montada sobre la base de la confección de facturas apócrifas y que habría contribuído a una millonaria evasión fiscal por parte de Austral Construcciones, empresa insignia del grupo del empresario patagónico.  Según el magistrado, hay conexidad entre ese expediente, el 104521/2014 abierto a instancias de actuaciones internas de la AFIP y la causa 3017/2013 que sigue su par del juzgado 7 de Capital Federal Sebastián Casanello, contra el empresario patagónico y otras personas, por encubrimiento. Como anticipó Solo Local a comienzos de mes, era inminente una decisión de López Da Silva al respecto y también sobre otra causa que involucra al ex titular de la Administraciòn Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray. También en este caso, el juez se declaró hoy incompetente, como se detallará en próximas ediciones.

Para el juez Casanello, los hechos que se investigan en Bahía Blanca y que involucran a los grupos empresarios bahienses Ficcadenti, Ferreyra y Pedraza constituyen el delito precedente, requisito indispensable para avanzar en su acusación y procesamiento contra Báez, su hijo Martín y otras personas más, por la acusación de lavado de dinero.  Sostiene López Da Silva que ambas pesquisas "se superponen y resultan conexas, pues el hecho investigado -el lavado de dinero ilícito obtenido de los delitos tributarios reseñados y también de la sobrefacturación de la obra pública- resulta el mismo". Agrega el juez en la resolución tomada este viernes que en este caso "corresponde priorizar la jurisdicción de quién ha prevenido (en referencia a Casanello) puesto esto es lo que aconseja, además, la mejor y más pronta administración de justicia".

López Da Silva cita a Casanello al vincular "el ilícito precedente (los delitos tributarios indicados analizados en esta pesquisa) y el hecho de lavado que se imputa a Lázaro Báez (y sus consortes de la causa 3017/2013)". Menciona que de las pruebas recolectadas en el expediente "se puede advertir que el abonado telefónico (cita un número con prefijo 02966), que sería utilizado por Lázaro Báez, habría mantenido, entre el 30 de octubre del año 2012 al 28 de diciembre del mismo año, período en el cual habría ingresado el dinero a SGI (la financiera antes conocida como La Rosadita), aproximadamente unas 28 comunicaciones telefónicas con gente de su entorno que, en función del impacto de las antenas de sus celulares, se encontraban en la ciudad de Bahía Blanca". A partir de allí, concluye el titular del juzgado federal 1 que la causa 10451/2015 "tiene por objeto la pesquisa de delitos tributarios que en definitiva habría generado parte del dinero cuyo lavado dio lugar a la causa 3017/2013". En ese orden de ideas, agrega que resulta notorio "que los tipos penales que se atribuyen a los aquí imputados (asociación ilícita fiscal y lavado de dinero) no pueden escindirse de los hechos investigados por el juez capitalino en el marco de referida causa 3017/2013, pues la envergadura económica del ilícito que se atribuye allí a Lázaro Báez y el resto de los imputados, sumada a la estrecha vinculación que se advierte con las maniobras ilícitas desplegadas en esta jurisdicción, aconsejas que las acciones que aquí se ventilan, insisto, sean objeto de pesquisa de manera conjunta". Así fundamenta el giro de las actuaciones al juzgado de Casanello, aunque no deja de realizar afirmaciones concluyentes sobre la presunta responsabilidad de los involucrados, en función de las pruebas recogidas. 

Al darle vista a la fiscalía para que se expidiera sobre la cuestión de competencia a fines del año pasado, el fiscal Antonio Castaño, como reveló Solo Local, se había pronunciado a favor de que la causa 10451/2015 se siguiera instruyendo en Bahía Blanca y en tal sentido ya había pedido la declaración indagatoria para Lázaro y Martín Báez, ocho empresarios, entre los Ficcadenti, Ferreyra y Pedraza y el contador Rogelio Chanquía. No se descarta entonces que ahora el fiscal apele la declaración de incompetencia de López Da Silva ante la Cámara Federal, lo que podrá hacer hasta el jueves próximo.

Ejemplos de presuntos vínculos entre las empresas bahienses y el grupo Báez

López Da Silva cita que entre el material secuestrado, hay copias de un contrato de locación de obra entre Terrafari S.A. (del grupo Ficcadenti) y Austral Construcciones (del grupo Báez), una planilla con detalle de facturas A que directamente tiene la anotación "Facturas Apócrifas" y "Báez", entre otros; planillas de facturas de compra y documentación varia de distintas obras realizadas en la provincia de Santa Cruz, resultando Austral Construcciones cliente de Constructora Patagónica S.A. (del grupo Ferreyra) y de Ferreyra Constructora Vial S.A. por varios millones de pesos; cheques de Austral Construcciones entregados a Calvento S.A. (del grupo Ficcadenti) y Constructora Patagónica y listados de saldos de proveedores de esta última; Calvento, Grupo Penta y Cía S.A. (ambas del grupo Ficcadenti), entre otros.

"Destaco además la existencia de un correo electrónico hallado entre el material de caja 48 de Constructora Patagónica S.A. al estudio contable donde se mencionan saldos de Acreedores Vs Calvento S.A. por $ 334.296, en que el estudio pregunta si "son verdaderos o truchos?" lo que denota además las interrelaciones entre las empresas investigadas" dice el juez. 

Si bien gira las actuaciones a Casanello, López Da Silva avanza sobre la responsabilidad de todos los involucrados, a partir de las pruebas que hay recolectadas en el expediente, que progresó durante el período de subrogancia del juez Santiago Ulpiano Martínez pero quedó estancado durante los seis meses de actuación de su sucesor, Alejo Ramos Padilla. En otro tramo de la resolución, se lee. "Es elocuente en tal sentido el informe realizado por la AFIP (que es querellante en la causa) pues el mismo da cuenta exacta de la íntima correlación existente entre las maniobras ilícitas desplegadas en la jurisdicción federal capitalina por el Grupo Báez (Austral Construcciones S.A.) y los hechos que se habrían verificado en esta ciudad por las empresas indicadas supra (Grupo Penta y Cìa, Calvento y Terrafari; Constructora Patagónica y Ferreyra Constructora Vial; e Iberoamericana de Servicios y presuntamente también por Rogelio Chanquía, por medio de la firma Mining Services, tal como lo demuestra la profusa documentación secuestrada al comienzo de este expediente)".

Al final de la resolución, López Da Silva pide que se agregue copia de esta resolución al expediente 5987/2016 caratulado: "Echegaray, Ricardo Daniel y s/Averiguación de delito", en el que se investiga la posible comisión de un delito de acción pública, presunto cobro de una coima, por parte del ex funcionario. Al respecto, adelantamos que el juez, como se advierte al pie de la foto que ilustra esta nota, también se declaró incompetente en este tema y propuso devolver el expediente al juez Casanello. Los detalles de esa resolución, en una próxima publicación. 

 
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Acueducto del Colorado: Plata Sobra, Falta Avance

  • Escrito por Gabriel Bermúdez

Mientras la primera etapa de ejecución de la obra del acueducto del río Colorado aún está en veremos, el proyecto ya se aseguró financiamiento para la segunda fase. Este martes la asamblea de accionistas del Banco de Desarrollo de América Latina aprobó un préstamo de hasta 130 millones de dólares para la continuidad de la obra que, aseguran sus impulsores, está destinada a resolver el problema de abastecimiento de agua potable para Bahía Blanca y varias localidades del sudoeste bonaerense. Así lo anunció la entidad financiera creada bajo el nombre original de Corporación Andina de Fomento cuyo aporte cubrirá el 80 por ciento de ese segundo tramo. El resto, unos 32 millones de dólares, lo deberá afrontar la contraparte local, la provincia de Buenos Aires. 

La cifra, a la cual el gobierno bonaerense accedió gracias a los avales otorgados por la Nación, se suma a otra de 150 millones de dólares ya comprometida por la CAF para la primera etapa que comprende la elaboración del proyecto y su llamado a licitación. Pero, ¿en qué instancia se encuentra ese proceso? "Este año, la obra se licita y se inicia" anunció a comienzos de año la gobernadora María Eugenia Vidal, que ya había incluido al acueducto en su primer mensaje de apertura de sesiones en la Legislatura, en marzo del año pasado. Por esa misma fecha de 2016, el intendente Héctor Gay, quien en campaña electoral había prometido que la obra estaría entre sus prioridades, aseguraba que el proyecto ejecutivo de la obra "estaba muy adelantado". Pasó un año, Vidal retornó a la Legislatura para hablar ante diputados y senadores y Gay volvió a referirse al tema, tras el discurso de la mandataria. Esta vez, el intendente dijo que la iniciativa "estaría lista en dos meses" para ser licitada.

Sin embargo, en la solapa de licitaciones del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, aun no hay ninguna referencia a fechas de un supuesto llamado relacionado con el acueducto. En el mismo sitio web oficial, la obra apenas figura entre los planes regionales y con una inversión estimada en los 1200 millones de pesos, una cifra que, como veremos, ha quedado por demás desactualizada. Si sumamos los 150 millones de dólares ya aportados por la CAF y los 130 millones aprobados hoy, además de los 32 millones que deberá invertir la provincia. la cuenta da 312 millones de dólares. A un tipo de cambio de 16 pesos por cada divisa norteamericana, los fondos comprometidos para su construcción rondarían ya los 5.000 millones de pesos, cifra que casi cuadruplica la estimada por el ministerio de Infraestructura provincial. Y eso no es todo: la estimación original del costo total alcanza los 350 millones de dólares...

Sobre los altos costos del proyecto (que además de los 140 kilómetros de extensión del acueducto entre Pedro Luro y Bahía Blanca, incluye además una obra de toma, una planta potabilizadora en esa localidad del distrito de Villarino, cuatro cisternas y dos estaciones de bombeo) ya advertía en 2011 el por entonces senador provincial José Zingoni, que pedía por la utilización de tecnologías más avanzadas y baratas para reutilizar el agua de cloacas y destinarla al polo petroquímico. Como contrapartida, en la misma nota de aquella época el entonces diputado provincial Iván Budassi, traccionaba a favor del acueducto, como lo haría después desde su gestión en ARBA (?) y durante su frustrado intento de ser candidato a intendente por el Frente Para la Victoria. "Solo hay que llamar a licitación" decía por entonces (recuerden, noviembre de 2011), Budassi. Después de estar cerca de convertirse en un cuento chino, su pedido parecía cerca de cumplirse casi cuatro años después, cuando en plena campaña presidencial, setiembre de 2015, el gobernador Daniel Scioli anunciaba que en enero de 2016, la obra sería, por fin, licitada. En eso andan todavía en La Plata, sus sucesores, 15 meses después...

 

 

 

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Ofrecen Nuevo Puerto de GNL en Ría Bahiense

  • Escrito por Gabriel Bermúdez

"Enarsa planea emitir una solicitud de propuestas para el contrato de arrendamiento a medio plazo de una unidad de almacenamiento y regasificación flotante (FSRU) en Puerto Rosales, cerca del centro existente en Bahía Blanca, a partir de 2018, para mantener el ritmo de la creciente demanda de Gas Natural Licuado". Así comienza el despacho publicado este lunes por Argus Media, en el que se afirma que la compañía estatal, creada por el gobierno anterior, aun trabaja en los detalles de la propuesta, que sería dada a conocer en forma oficial dentro de un mes. Citando como fuente a un ejecutivo de la compañía, el sitio, que tiene sede en Londres y se especializa en mercados globales de Energía, agrega que Enarsa "está llevando a cabo un proceso de licitación por separado para un contrato de 10 años, para la construcción, operación y mantenimiento de la terminal de GNL, incluyendo la construcción de unos 40 km de tubería de gas natural, el puesto de atraque para el terminal de GNL e instalaciones complementarias". 

Adelanta la publicación que en el futuro, la unidad podria ser utilizada para la licuefacción, en alusión al potencial de la Argentina para exportar el gas de esquisto, o shale gas. En otra publicación especializada, destacan que la terminal serviría entonces a futuro para la salida por el puerto rosaleño de la producción gasífera del yacimiento de Vaca Muerta.  Ambos despachos periodísticos coinciden en que el proyecto de Enarsa tendría la meta de sustituir la actual operación en el muelle de Compañia Mega, cuyo contrato firmado con YPF vence el año próximo, por el nuevo emplazamiento, administrado en forma total por la compañía estatal, con un convenio de arrendamiento que duraría siete años, con una posible extensión a otros siete.  La invitación del gobierno argentino a manifestar interés por la construcción de la futura terminal ya se puede consultar en el sitio oficial de Enarsa

Menciona Argus Media que la segunda terminal regasificadora habilitada por Argentina en Escobar en 2011 solo permite recibir cargas pequeñas o parciales y recuerda que inicialmente el gobierno argentino recurrió a la regasificación en 2008 como una solución a corto plazo, para la escasez del suministro de gas en el país. Sin embargo, el proceso se consolidó año a año y en 2016, se recibieron 77 cargamentos. 

Al mismo tiempo que en 2011 comenzaba a operar Escobar, en Bahía Blanca se lanzaba un proyecto impulsado por Enarsa e YPF para instalar una terminal regasificadora en Puerto Cuatreros, en la zona final del estuario. La fuerte oposición de entidades ambientalistas, vecinales y científicas, entre las que sobresalieron la del Instituto Argentino de Oceanografía, la del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Sur y un grupo de estudio de la facultad regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional, hizo que la iniciativa no prosperara.  Otras voces igual de críticas, por el avance sobre una vasta zona de humedales que hubiera significado el dragado hasta Cuatreros, se oyeron durante la agitada audiencia pública realizada en General Cerri

Por ese mismo año, trascendió que Enarsa impulsaba la instalación de una terminal regasificadora en Puerto Rosales, en asociación con la petrolera venezolana PDVSA, algo que finalmente tampoco se concretó. Una de las ventajas que presentaba el sitio ubicado cerca de Punta Alta, era su calado natural, que evitaría la dañina remoción de sedimentos que acarrea todo dragado. 

 

 

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A 3 años del Fallecimiento de Daiana Herlein

  • Escrito por Lorena Zerneri y Alejandro Herlein

Hoy 05 de Marzo de 2017, queremos comunicar a todos aquellos que nos quieran escuchar, que hemos dado la pelea, que seguiremos luchando, que sabemos que ya perdimos en esta guerra contra la CORRUPCION, aún así  buscaremos el triunfo en cada batalla.

A LOS VECINOS

Ya no hace falta demostrar que sólo nos motiva el DOLOR por la pérdida y el AMOR por la vida, que nunca hicimos militancia, como alguna vez titularon una editorial de mala fe, que no aspirabamos a puestos políticos, como muchas veces los denunciados comentaban en el cobarde anonimato, que nunca fue ni será una cuestión de intereses económicos, como algunos medios de comunicación intentaron instalar con el objetivo de ensuciar a las víctimas y así desenfocar la desidia del Estado. Durante todo este tiempo no solo tratamos de sobrevivir al más fuerte golpe y dolor que significa la pérdida de un hijo, sino también enfrentándonos a los responsables, que son nada más y nada menos que funcionarios públicos e integrantes de mafias y asociaciones ilícitas, con poder y dinero suficiente para comprar voluntades.

El Estado en cabeza del hoy Diputado Nacional Dr. Gustavo Bevilacqua por el Frente Renovador, nos persiguió, nos amedrentó, nos amenazó, nos disfamó, se nos rió y se nos burló, quisieron negociar la muerte de nuestra hija, nos acusaron de politizar su muerte, siendo que es una cuestión política ya que los responsables son funcionarios políticos en el ejercicio de sus funciones. Pero nunca jamás podrán callarnos.

Hemos realizado muchas denuncias, algunas públicas, otras en la justicia, algunas aún en investigación, otras casi definidas y con resultados escandalosamente lamentables,  pequeños pero no menos importantes logros que nos adjudicamos y cuando digo pequeños es porque aún esperamos y pretendemos mucho más. La mal llamada JUSTICIA, es lenta y perversa, pero tenemos esperanzas y confiamos que aún deben existir jueces y fiscales honorables.

A medida que transcurría el tiempo fuimos encontrando las personas indicadas que nos ayudan y acompañan y así formamos un sólido grupo de trabajo de ciudadanos comprometidos con la sociedad y con el futuro, que tiene como único objetivo minimizar el flagelo de la corrupción, la MALDITA CORRUPCION QUE MATO A DAIANA; y que como todos sabemos no es atributo exclusivo de un partido político, aquí en nuestra querida Bahía Blanca, la teníamos oficializada antes, y la tenemos instalada también hoy, tanto en el poder ejecutivo, como en el judicial y el legislativo, desde el encubrimiento, desde el no hacer, desde la complicidad, desde las oscuras negociaciones, desde la mala administración de fondos públicos, desde el desconocimiento y la ineficiencia que destruye, desde la impunidad y la arrogancia, desde el desentendimiento de cuestiones fundamentales y desde las promesas y mentiras.

Ella merece todo nuestro esfuerzo.

Ella vive en nuestra lucha.

Ella marcó un antes y un después en nuestras vidas, pero también un antes y un después en un gobierno municipal, no elegido e impuesto para delinquir y devastar una ciudad, lamentablemente la actualidad indica que perder su vida no fue lo suficiente para un CAMBIO REAL.

 

A LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS POLITICOS Y JUDICIALES

Desde nuestro humilde lugar, les pedimos tomen verdadera conciencia y responsabilidad de que desde su función y compromiso depende en gran parte nuestro futuro, nuestra vida y nuestra muerte, todos como ciudadanos, grandes y niños. Les pedimos que tomen como ejemplo y referencia, que reflexionen, que en Bahía Blanca, como consecuencia de la corrupción, desidia e impunidad, murió una adolescente de solo 15 años. Para que no se vuelva a repetir, para que no haya otra DAIANA.  

 

AGRADECIMIENTO

 Solo nos queda una vez más, agradecer a todos aquellos que nos acompañan en el camino de la VERDAD, del enaltecimiento de los VALORES y del respeto por la VIDA.

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Juicio Oral contra Banda Narco-Policial

  • Escrito por Gabriel Bermúdez

Este viernes, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca comenzará a juzgar a siete personas, cinco hombres y dos mujeres, por el delito de comercialización interjurisdiccional de estupefacientes. La banda liderada por Mauricio Gastón Larriaga, operaba entre Mar del Plata y Viedma, con base operacional y de distribución en nuestra ciudad, según se lee en la requisitoria de elevación a juicio. La investigación comenzó aquí hace seis años y tomó impulso a partir de otra causa abierta en la justicia federal de Río Negro. Entre ambas causas, se logró la incautación de más de 5 kilos de cocaína y 20 de marihuana, además de diversos elementos vinculados con la comercialización que forman parte de la prueba. También hay numerosas escuchas telefónicas entre los imputados.

Se comprobó que Mauricio Gastón Larriaga, comandaba una red de tráfico de estupefacientes, con base en dos relaciones amorosas con mujeres de su confianza, Mariana Loustaunau en Mar del Plata y Patricia Weintzettel en Bahía Blanca” dice la elevación a juicio oral solicitada el año pasado por el fiscal Antonio Castaño. El circuito de comercialización se completaba con diversos punteros distribuidores en Bahía Blanca, Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Viedma, Carmen de Patagones, entre los que se encuentran Marcelo Jonatan Coronado, Cristian Daniel Silva, alias “el chileno” y Fernando Daniel Sandoval, alias “el Piki”. La banda “contaba con el apoyo logístico, de transporte y de protección del numerario policial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con funciones en Mar del Plata, Luis Martin Pradas” agrega el documento judicial.

Agrega que en el circuito comercial “se pudo determinar que la mercadería era comprada por el mismo Larriaga en Mar del Plata o en las cercanías de la Capital Federal y era transportada a la ciudad de Bahia Blanca (centro operativo de destino y distribución), de manera semanal”. Desde aquí, era distribuida por más de diez punteros a la región. “Luego, Larriaga realizaba la recolección de las remesas de dinero resultante de la fructífera venta de narcóticos” sostiene el fiscal, que en el juicio estará representado por el fiscal general Alejandro Cantaro, en lugar de la fiscal del tribunal, María Cristina Manghera.  

Después de tres años de investigación a nivel local, fue el impulso dado por la justicia federal de Río Negro el que culminó con la detención, en la madrugada del 5 al 6 de septiembre de 2014, en un operativo realizado en la ruta, de Larriaga, Weintzettel y Pradas, a quienes les secuestraron más de 4 kilos de cocaína, poco más de 2 kilos de clorhidrato de cocaína y otros elementos. En el domicilio de Coronado en Coronel Vidal al 1300, se hallaron más de 20 kilos de marihuana. En setiembre pasado, el Tribunal Oral Federal prorrogó por seis meses la prisión preventiva de Larriaga, para que llegue preso al juicio oral. 

Larriaga, resultó indiscutiblemente líder de la banda de narcotráfico, por su actitud organizativa, la concreción de las compras y negociación de precios, aprobando entregas, trasladándose a diversos puntos del país a los efectos de proveerse o abastecer, y resultando punto de contacto principal entre los imputados” afirma Castaño. “Se trataba de una banda bien organizada, con gran poder adquisitivo e intervención en una amplia región interprovincial… Se constató gran manipulación de dinero, de autos de alta gama de importante valor económico, otros negocios ilícitos adyacentes como ser el de automotores “mellizos” y manejo a gran escala de estupefacientes” añade.

Sobre el rol del policía Pradas, autorizado para recurrir a Casación por el Tribunal Oral Federal en setiembre pasado, Castaño afirma que se lo nombra en diversas conversaciones telefónicas y en otras directamente intenta proveerse de estupefacientes. Para el Juzgado Federal de Viedma, la participación de Pradas “resultó necesaria porque su presencia en el rodado como agente policial podría aventar la gestión de sus colegas en caso de insistir en inoportunas requisas e intercepciones”. Añade la acusación fiscal que Pradas “colaboraba en el negocio ilegal en Mar del Plata y además, lo acompañaba valiéndose de su investidura de funcionario policial a fin de “protegerlo” y transportar así libremente los estupefacientes al centro operativo bahiense".

Nexo con un ex periodista y funcionario judicial de Bahía Blanca

Al momento de abrirse la investigación en febrero de 2011, Larriaga ya contaba con antecedentes judiciales que lo vinculaban con el narcotráfico. Uno de ellos se sustanciaba en la justicia federal de Necochea, donde permanecían secuestradas en custodia dos armas vinculadas al expediente abierto allí. En octubre de 2010, ambas desaparecieron en el marco de un gran escándalo ya que del mismo depósito, faltaron nada menos que 6,347 kilos de clorhidrato de cocaína y dinero. Según publicó la prensa necochense, el único que poseía llave de la caja de seguridad donde se guardaban todos los elementos era el secretario penal del juzgado, César Ruben Lisa, un ex empleado de los tribunales bahienses y también ex periodista del diario La Nueva Provincia.

Por el hecho, a Lisa se le abrió un sumario administrativo que culminó con su cesantía dispuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2013. Al mismo tiempo, se abrió una causa penal federal por la que tuvo que declarar recién a mediados del año pasado. No obstante ese antecedente, gracias a sus contactos políticos, en 2014, fue designado asesor de la comisión de Seguridad de la Legislatura provincial.

 

 

 

 

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Multas al Polo: Se las Lleva el Tiempo...

  • Escrito por Gabriel Bermúdez

Seis infracciones por contaminación al medio ambiente de Bahía Blanca quedaron en estos días sin sanción por el mero paso del tiempo. Las resoluciones favorecen a las compañías Petrobras (hoy propiedad de Pampa Energía y en proceso de venta), Central Piedrabuena (también de Pampa Energía) y Solvay Indupa (hoy Unipar Indupa) y son por violaciones cometidas entre 2010 y 2013. Los organismos que tenían que actuar lo hicieron (Comité Técnico Ejecutivo constatando y labrando las infracciones y Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible multando), pero no dentro del límite que establecen las normas en vigencia. Por lo que el juez correccional 1 José Luis Ares, no tuvo más remedio que absolver a las empresas por prescripción de las causas.

Todos los expedientes, que imponían sanciones de $ 40.000 a $ 100.000, habían llegado a principio de mes a ese juzgado. Sin embargo, en algunos casos, el OPDS había dictado su resolución cuando ya había operado el plazo de prescripción. En este punto hay una controversia central: Ares entiende que debe ser de 5 años y la Suprema Corte de Justicia de la provincia sentó jurisprudencia en apenas un año. La opinión del máximo tribunal bonaerense se impone, ya que la ley vigente no establece plazos perentorios claros. En otros casos, destaca Ares, la resolución del OPDS llegó después de un largo trámite posterior al recurso presentado por la empresa. El argumento repetido (y exitoso) de los abogados de las compañías, es la solicitud de prescripción de las multas

Hace más de dos años, el juez se dirigió a la Suprema Corte para que impulsara ante la legislatura provincial, modificaciones en cuanto a la extensión de los plazos de vigencia de los expedientes por contaminación ambiental. Lo hizo tras decidir en la causa 453/14, "Petrobrás" del 14/08/14. A fines del año pasado, la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires incorporó el artículo 8 bis a la ley 5965, con la meta de que las acciones para imponer sanciones prescriban a los 5 años contados a partir de la fecha en que se hubiere cometido la infracción.

 “A través de la modificación pretendemos dar respuesta al  vacío legal que existe en la actualidad y unificar el plazo de prescripción con otras leyes provinciales que regulan los temas ambientales” explicó el senador por la Sexta Sección Electoral Andrés De Leo (Coalición Cívica-Cambiemos), autor de la iniciativa. En línea con lo que sostiene Ares, el legislador concuerda que en que la actualidad “y ante la ausencia  de un plazo expreso en ley 5965, ha dicho la Suprema Corte, que es de aplicación por analogía el Código de Faltas, Decreto Ley 8031, que prevé un año para la fecha de prescripción”.

 “Por otra parte –agrega De Leo- la ley 11720 que regula la generación, manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de residuos especiales, establece en forma expresa el plazo de cinco años para la prescripción de las sanciones en ella impuestas”. El proyecto fue sancionado en la última sesión de 2016 y debe ser analizado ahora por la Cámara de Diputados. En una de las iniciativas presentados ante la legislatura, se cita un artículo de Solo Local de mayo de 2013, a propósito de la situación de Petrobras. 

Otro camino para acelerar los expedientes

Más allá de la apelación ante la Suprema Corte y la legislatura, el juez Ares intentó otra vía para que la contaminación al medio ambiente de Bahía Blanca por parte de las empresas no quede impune. Hace casi un año denunció penalmente a los funcionarios del OPDS ante el fiscal general de La Plata “por resultar sospechoso el sistemático y burdo accionar dilatorio de los funcionarios y ante la posible comisión de delitos tales como abuso de autoridad, omisión o retardo de actos del oficio, violación de los deberes de funcionario público, entre otros (causa 1457/15, "PBB Polisur" del 2/03/16)". Por esa fecha, la oficina local del OPDS comenzaba a mudarse del sitio donde funcionó durante varios años: la sede de la Unión Industrial de Bahía Blanca, entidad que tiene por vicepresidentes a representantes de Profertil y PBB Polisur-Dow y como vocales, entre otros, a directivos de Pampa Energía y Unipar Indupa, en su actual comisión directiva.

 

 

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Acerca del Rol del Estado Municipal: "Tauro era el que Marcaba la Cancha"

  • Escrito por Luis Alberto Cano

Se llamaba Tauro. Me quedó grabado ese nombre. Vivía con su familia detrás de la tribuna oficial que, obviamente, era de madera. Se entraba por una puerta de caño y alambre, pintada de verde por supuesto. A la izquierda de esa puerta ,su casa y a la derecha la secretaría y la cantina. Eran tiempos en los que Pacífico tenía la esquina que lo identificaba: Castelli y Charlone. Andando el tiempo, uno se vino a enterar que una de sus hijas fue víctima de la dictadura. Fue de esos personajes que formaron parte de la niñez y de la adolescencia y que por lo tanto no se olvidan. Forman parte de la película individual de nuestras vidas. Era el canchero.

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Echegaray y Una Extraña Visita a la AFIP Local

  • Escrito por Gabriel Bermúdez

El cierre de la regional Bahía Blanca de la AFIP en agosto de 2012 y la presunta connivencia de funcionarios de ese organismo con una asociación ilícita fiscal montada en torno a la emisión y comercialización de facturas truchas para evadir impuestos seguirán investigándose en la Capital Federal. Así surge de la decisión tomada el viernes pasado por el juez federal Walter López Da Silva y adelantada ese mismo día por Solo Local. El magistrado se declaró incompetente para instruir la causa 5987/2016 caratulada "Echegaray, Ricardo Daniel s/averiguación de delito" en razón de la conexidad que existe con la causa 3215/2015 que instruye en Buenos Aires el juez Sebastián Casanello. El año pasado, este le giró a López Da Silva las actuaciones para determinar si en una visita a Bahía Blanca de abril de 2013, Echegaray había recibido "un sobre" por parte de un abogado. Si bien no pudo confirmar ese hecho, generó prueba coincidente con la hipótesis sobre la que trabaja Casanello y que sostiene que el traslado a Mar del Plata, en agosto de 2012, de la Regional local de la AFIP, no tuvo que ver con un conflicto gremial, sino con la intención de desarticular las fiscalizaciones que la AFIP venía realizando contra un grupo de empresarios bahienses, por la utilización de facturas apócrifas.

Ocho empleados de la AFIP local que declararon ante el juzgado bahiense coincidieron en que el cierre de la regional bahiense del organismo fue injustificada. Prácticamente todos ellos ratificaron la existencia de una reunión, en el séptimo piso del edificio de la AFIP en Bahía Blanca entre Echegaray y el abogado Leonardo Gómez Talamoni, por entonces letrado de Juan Ignacio Suris. Fue en una oficina vidriada, duró dos minutos, aunque "nadie vio que el abogado entregara algún sobre a Ricardo Echegaray o viceversa" como había declarado una testigo ante el juez Casanello en Buenos Aires. "Ni pudieron escuchar de qué hablaron" agregó el juez. 

"No obstante -agrega López Da Silva- cabe destacar que los testigos coincidieron en señalar que al tiempo de la disolución de la Dirección Regional Bahía Blanca de la AFIP, existían problemas gremiales a nivel nacional por el cambio de horario de ingreso para el desarrollo de las tareas, pero que la única Dirección Regional que se disolvió en ese contexto, fue la de Bahía Blanca". Esa afirmación de ocho empleados del organismo, da por tierra con el argumento de Echegaray, de que aquel cierre tuvo basamento en un conflicto de tipo gremial, como también lo había descartado, el entonces secretario general de la Asociación del Personal de Empleados de la DGI. Algunos señalaron que esa decisión implicó graves perjuicios para el funcionamiento del organismo y otros coincidieron en que el motivo real de la disolución "pudo ser el entorpecimiento de algunas fiscalizaciones, para encubrir determinados manejos de empresas, como las de SURIS, máxime cuando resultó clara la afectación específica del área de Investigaciones y Fiscalizaciones local" dice la resolución de López Da Silva. 

Tras citar las pruebas aportadas y la declaración tomada al periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon, cuyas publicaciones dieron inicio a la causa 10451/2014 en la que López Da Silva se declaró incompetente, el juez concluye que su trabajo y el de Casanello se superponen, por lo que decide girarle el expediente. No obstante, sostiene que "más allá de la falta de verificación de la entrega de "un sobre" por parte del abogado Leonardo Gómez Talamoni al entonces Administrador Federal de Ingresos Públicos, lo cierto es que los elementos colectados en pos de verificar esas circunstancias, no han hecho más que sumar elementos atados a la hipótesis investigativa que se sigue en la causa 3215/2015 en la que se investigan las complicidades de los funcionarios de AFIP para obstruir el avance de fiscalizaciones que avanzaban inexorablemente hacia las empresas del grupo Báez" cita López Da Silva a Casanello. Más adelante concluye: "para evitar que se descubriera la millonaria estafa tributaria que protagonizaba Austral Construcciones, perteneciente al empresario Lázaro Báez -vinculado a funcionarios del otrora gobierno nacional- desde la AFIP se resolvió entorpecer las investigaciones propias del organismo, ocultando ese designio poniendo el foco en las empresas que le habían suministrado facturación apócrifa a esa firma, en la inteligencia de que regularizando sus situaciones, podría justificarse la contabilidad tributaria de Austral; así es como entran en escena, Constructora Patagónica Argentina S.A., Calvento S.A. y Grupo Penta y Cía S.A. (y también Iberoamericana de Servicios)".

"A la luz de los testimonios obrantes... puede sostenerse a este tiempo que la disolución de la Dirección Regional Bahía Blanca de la DGI habría respondido a la finalidad de entorpecer las fiscalizaciones que se llevaban en el organismo local, en particular la de la empresa Iberoamericana de Servicios S. A. usuaria de las empresas del grupo Suris "por sumas importantes", al igual que Calvento S.A., Grupo Penta S.A. y Constructora Patagónica Argentina, estás últimas vinculadas "comercialmente" en forma estrecha con Austral Construcciones S.A." añade el juez que, como se advierte, lejos de sacarse de encima el expediente, como podría pensarse, aporta pruebas a la investigación central del juzgado 7 de la Capital Federal. "Es el doctor Sebastián Casanello quien ha prevenido en la investigación del encubrimiento de todas estas acciones y es por eso que esta causa debe continuar absorbida por aquella pues la mejor y más pronta administración de justicia así lo aconseja" falla López Da Silva. 

A diferencia de la discrepancia sobre la declaración de incompetencia del juez en torno a la causa en la que se investiga la asociación ilícita fiscal que une a los Báez, con los grupos Ficcadenti, Ferreyra y Pedraza, la fiscalía federal, que apelará aquella decisión, tal como fue confirmada por el fiscal Alejandro Cantaro a Radio Universidad, en este caso coincide con que la causa 5987/2016 siga siendo instruida por el juez Casanello.

 

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Tras la Feria, Definiciones sobre Báez y Echegaray

  • Escrito por Gabriel Bermúdez

Entre las varias cuestiones que le aguardan resolver tras su regreso de la feria judicial, hay dos que sobresalen en el despacho del juez federal 1 de Bahía Blanca. Y que estuvieron a punto de ser resueltas por Walter López Da Silva antes del receso que finalizó el martes. Una parece tener un destino ya irreversible, como el retorno a la Capital Federal de la causa en la que se investiga al ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos Ricardo Echegaray por el cierre de la Regional Bahía Blanca de la AFIP en agosto de 2012. La otra, un expediente clave que puede complicar a Lázaro Báez y en el que la AFIP es querellante, no tiene aún un destino cierto de resolución.

Empecemos por la segunda. Se trata de la definición de competencia en torno a la causa 10451/2014 en la que se investiga por presunta asociación ilícita fiscal, entre otros, a los empresarios bahienses Silvio, Franco y Enzo Ficcadenti y José Antonio Ferreyra.  La justicia federal trata de establecer si con sus empresas Calvento, Terrafari, Grupo Penta y Constructora Patagónica permitieron, a través de facturación apócrifa, que la firma Austral Construcciones, nave insignia del empresario patagónico ligado a los Kirchner, incurriera en una millonaria evasión fiscal, que habría ocultado sobreprecios en la obra pública. En caso de comprobarse, podría constituirse en el delito precedente para que el juez Sebastián Casanello avance con la acusación por lavado de dinero contra Báez y su hijo a quienes investiga en la causa 3215/2015. Ahora surge el interrogante: el rol de los empresarios bahienses ¿debe ser investigado por Casanello o por López Da Silva?

A criterio del fiscal 1 de Bahía Blanca Antonio Castaño no hay tal duda: “corresponde continuar entendiendo en estos autos al juzgado federal 1 de Bahía Blanca” respondió el representante del ministerio público en la vista que le dio López Da Silva a fines de diciembre pasado. Lo hizo basándose en que el propio Casanello afirmó que en las actuaciones que él lleva “no se investigan los delitos tributarios que habrían sido llevados a cabo por las empresas de Bahía Blanca y la firma Austral Construcciones S.A. Si López Da Silva concuerda con Castaño, el próximo paso sería la citación a declaración indagatoria a Lázaro y Martín Báez, la de los ocho empresarios y el contador Rogelio Chanquía, solicitada por Castaño en agosto pasado y prevista, en principio, para la segunda mitad de febrero.

En esa vista, Castaño recordó que aún debe definir si imputa a funcionarios de AFIP por “encubrimiento, obstrucción de las fiscalizaciones y demás ilícitos que sean comprobados en relación a las empresas que forman parte de la asociación ilícita tributaria bahiense”. De todos modos, para el fiscal bahiense, el rol de los agentes de la AFIP ya puede considerarse clave para el funcionamiento de la presunta asociación ilícita. Concluye que si bien aún quedan pendientes auditorías e informes finales sobre la actuación de esos agentes, “sí se ha advertido la connivencia por acción y omisión del organismo recaudador, el que manifiestamente facilitó la estructuración de la banda delictiva de autos.

Este punto, la connivencia de la que habla Castaño entre la AFIP y los empresarios investigados por emitir y comercializar facturas truchas y facilitar, con su circulación, a la millonaria evasión que se le atribuye a Austral Construcciones, lleva a la segunda cuestión que debe resolver López Da Silva en los próximos días: cuál fue, en ese contexto, el rol de Echegaray que en agosto de 2012 y en forma intempestiva, decidió el cierre de la Regional Bahía Blanca de la AFIP. Era allí donde las auditorías internas ya habían encendido luces de alerta sobre la conducta de los Ficcadenti y Ferreyra con montos millonarios en facturación apócrifa. En su momento, Echegaray atribuyó el traslado de la Regional a Mar del Plata a un conflicto gremial, lo que fue negado por uno de los representantes de la Asociación del Personal de la AFIP-DGI bahiense.

El argumento que queda es la sospecha de que el cierre y posterior traslado de la dependencia fueron funcionales al no avance de las actuaciones administrativas contra los empresarios bahienses. A criterio de Castaño, la conducta del polémico ex administrador debe ser analizada por el juez Casanello, quien el año pasado desprendió ese expediente y lo envió a Bahía Blanca para ser tramitado aquí. Ahora, el juez bahiense debe resolver si es competente para instruirlo o lo devuelve a Casanello. “Es cuestión de días”, aseguran en Alsina 317, la sede del juzgado federal bahiense.  Ambas cuestiones sobre las que debe resolver López Da Silva, surgen de un requerimiento que, apenas asumió en el cargo en noviembre pasado, el juez le envió a su colega Casanello para determinar si la investigación debía unificarse por razones de economía procesal o podrían continuar en forma complementaria en ambos juzgados.

 

 

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